Nueve días después de la potente explosión en el puerto de Beirut que dejó buena parte de la ciudad devastada, el Parlamento del Líbano aprobó la declaración del estado de emergencia en la capital.
El Ejecutivo libanés había decretado “estado de emergencia” por dos semanas, un día después de la explosión del 4 de agosto, reseñó La Jornada. El voto parlamentario es necesario para todo periodo superior a ocho días. La tragedia, según cifras oficiales, ha dejado al menos 171 muertos, 6.500 heridos y 250 mil personas sin hogar.
La tardía sesión legislativa de este jueves 13 de agosto la presidió el titular parlamentario, Nabih Berri, en funciones desde 1992. Se trató de la primera que se realizó desde que ocurrió la explosión, un motivo suficiente para que siete diputados renunciaran y entregaran su curul como protesta.
Esta acción de los parlamentarios es una especie de respaldo al pueblo libanés que desde hace más de una semana protesta en las calles. Su demanda es simple: que se juzgue a los responsables de la tragedia por su negligencia. Recordemos que la versión oficial establece como causa del suceso la explosión de un almacén que contenía 2.750 toneladas de nitrato de amonio.
La respuesta del Gobierno y del Parlamento: el Ejército seguirá desplegado en las calles y con «más poder para prohibir aglomeraciones y manifestaciones». La decisión ya recibió críticas de defensores de los Derechos Humanos y activistas, por considerarla «innecesaria»
El diario La Jornada cita declaraciones de dirigentes libaneses y fuentes de seguridad, quienes aseguran “todos sabían, incluso desde hace meses o años, de la presencia en un almacén del puerto de toneladas de nitrato de amonio desde hace seis años”.

Protestas agudizan la emergencia en Beirut
Las manifestaciones de calle no solo responden a la tragedia, sino también a la crisis económica que afecta a gran parte de la población. A finales de 2019 nació un movimiento de protesta que acusaba al Gobierno de corrupción e incompetencia, y ahora suman que lo consideran directamente responsable de la explosión por su negligencia.
Por todo eso, el 10 de agosto el primer ministro, Hassan Diab, anunció su renuncia al Gobierno. Horas antes ya habían dimitido las ministras de Justicia, Marie-Claude Naj; y de Información, Manal Abdel-Samad, y también el titular de Medio Ambiente, Damianos Kattar.
Al renunciar, el primer ministro reconoció que la explosión se produjo como consecuencia de la «corrupción endémica». Los políticos «deben sentirse avergonzados de sí mismos, porque su corrupción es lo que llevó a este desastre que había sido escondido durante siete años», aseveró. Además, aseguró que apoya las peticiones de llevar a juicio a las personas responsables de «este crimen».

Rechazo a una investigación internacional
Este miércoles, el Ministerio de Justicia libanés rechazó una investigación internacional de la explosión en Beirut y subrayó la capacidad del Gobierno para realizar la pesquisa, según reseñó la cadena HispanTV.
La ministra de Justicia interina, Marie-Claude Najm, señaló que el Poder Judicial podría necesitar apoyo de expertos internacionales. Sin embargo, desestimó las demandas para que se realice una investigación internacional.
En ese sentido, aseguró que la investigación es la “oportunidad” que tiene el Poder Judicial para “recuperar la confianza de la gente y demostrar que pueden hacer bien su trabajo”.
Incluso, su postura coincide con la del presidente libanés, Michel Aoun, quien previamente había rechazado las demandas de una investigación internacional sobre las explosiones, argumentando que solo “tienen como objetivo distorsionar la verdad”. Y así, el Gobierno libanés está evitando cualquier injerencia foránea en los asuntos internos del país.
MR / VTactual
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