Chile, Bolivia, Colombia, Salvador, Guatemala y México, son algunos de los países de América Latina que durante 2019 evidenciaron una altísima vulnerabilidad en asunto de derechos humanos, que no solo se refiere a agresiones y encarcelamientos injustificados, sino que también se pasea por temas como el empleo, la alimentación, la calidad de vida, el entretenimiento, etc., condiciones necesarias para que ciudadanos y ciudadanas alcancen niveles estándares de bienestar.
Solo en Colombia, comenzando el 2019, se registraron 51 asesinatos específicos de luchadores por los derechos humanos según la ONU. En México se contabilizaron en promedio 117 homicidios diarios. Honduras, nación centroamericana de la mitad del tamaño del estado Bolívar, siguió siendo el país con más crímenes del orbe y uno de los más peligros del mundo.
En Bolivia se perpetró un descarado golpe de estado cívico-militar contra su presidente legítimo, Evo Morales, en noviembre del año pasado, con expresiones de odio racial y supremacía religiosa que dejó por lo menos una decena de muertos.
Chile vivió un estallido social como consecuencia de las precariedades económicas que dejó la cifra “oficial” de 31 muertos y más de 3500 heridos, entre ellos la insólita estadística de 359 lesionados por trauma ocular, es decir, fueron golpeados para que perdieran la vista.
Por razones similares se levantó el pueblo ecuatoriano contra el mandatario Lenin Moreno, tras el anuncio de severas medidas económicas, dejando como saldo 8 muertos, aunque la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) insistió en la existencia de 108 desaparecidos, con cientos de dirigentes sociales e indígenas detenidos y un cerco mediático parecido al que vivió Venezuela en abril de 2002.
Bachelet y sus presos
Pero a Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, parece que se le olvida la gravedad de estos asuntos y solo le preocupa Venezuela.
Lo hizo saber el 27 de febrero pasado cuando una vez más, durante el 43º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, le dedicó verbos y adjetivos al gobierno de Nicolás Maduro por su comportamiento en materia de DDHH, a pesar de las oportunas y esclarecedoras observaciones (más de 70) de nuestra cancillería a su informe de julio del 2019.
“Reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a través del cumplimiento de opiniones emitidas recientemente por el Grupo de Trabajo de detención arbitraria” insistió.
Aseguró que tras varias visitas a cárceles por parte de los representantes de su oficina en el país, en las que se entrevistaron a 28 personas «de manera confidencial», documentaron “más de 130 casos de presuntas violaciones de Derechos Humanos de personas privadas de libertad”.
La exmandataria chilena, hija de una de las víctimas de la dictadura de Pinochet, el General de Brigada Alberto Bachelet, agradeció sin embargo la colaboración del gobierno venezolano al facilitar su acceso a algunos centros de detención, pero exigió ingreso a los espacios vedados de los servicios de inteligencia para recabar más datos.
En río revuelto
El dirigente opositor Juan Guaidó, por su parte, aprovechó la ocasión servida en bandeja de plata al pretender anotarse un triunfo en su cruzada contra Maduro y señalar que “la dictadura no pega una: nuevo pronunciamiento de la Alta Comisionada @mbachelet ratifica violaciones a #DDHH en Venezuela y que se impide constatar la situación de los presos políticos. Cada vez la dictadura estará más sola y perdida».
No obstante, algunos investigadores, de cara a la actualización oral del informe sobre la situación de los DDHH en Venezuela que tiene programada Bachelet para el 10 de marzo, aseguran que tanto el trabajo del canciller Jorge Arreaza como los esfuerzos serios de algunas organizaciones no gubernamentales (como Fundalatin) en proyectar información no sesgada, han permitido desmentir contundentemente y con cifras los datos vertidos en el informe y las campañas nacionales e internacionales de desinformación sobre el país.
En analista internacional Juan Romero, por ejemplo, advierte que las protestas masivas de 2019 y lo que va de 2020 en América Latina, deben obligar a la comisionada a prestar mayor atención al continente y desviar su mirada prejuiciada de Venezuela.
“Mientras que en Venezuela se aborda el tema de las protestas que existen en contra del gobierno de Nicolás Maduro sin hacer un uso excesivo de la violencia, eso contrasta indudablemente con las reacciones de los carabineros en Chile, o el Smad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) en Colombia, o la propia acción de la Policía Nacional de Bolivia y el golpe de estado contra el compañero Evo Morales” declaró para Telesur.
Su análisis sobre quién viola o no los derechos humanos de la población venezolana, se sirve de cifras inobjetable: Las sanciones financieras de Estados Unidos contra el país han arrojado 136 mil millones de dólares de pérdidas en ingresos petroleros desde el 2013 hasta el 2019. 20 millones de esos dólares serían suficiente para cubrir el programa de alimentación que instrumenta el gobierno venezolano denominado Clap, para cubrir las necesidades nutritivas de al menos 5 millones de familias durante seis meses. La asfixia económica, violatoria del derecho internacional, ha colocado en riesgo a 4 millones de pacientes de VIH, diálisis e insulinodependientes del país.
Todo parece indicar que se trata de la certificación de derechos humanos a conveniencia, siempre a favor del mejor postor: el más poderoso.
Marlon Zambrano/VTactual.com
7 argumentos que refutan el informe de Bachelet sobre Venezuela
