Uruguay busca dejar atrás los vicios que hicieron posible las violaciones de Derechos Humanos durante la dictadura (1973-1985), reformando todo el marco jurídico que rige a las Fuerzas Armadas de ese país.
El proyecto, que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en mayo, se convirtió en ley tras ser aprobado en el Senado con 31 votos del Frente Amplio y del Partido Independiente tras varios meses de tensiones con los militares.
Entre los puntos más resaltantes de la nueva norma se encuentra la desaparición de los Tribunales de Honor, instancias de la justicia militar donde se pusieron en marcha varios procesos por los que se declaró la inocencia de militares que confesaron, delante de la corte, haber sido responsables de desapariciones y asesinatos cometidos durante la dictadura.
De ahora en adelante el Ejército uruguayo se someterá a Tribunales de Ética Militar, regidos por la justicia civil.
Otra reforma importante es la supresión de la doctrina de la «obediencia debida» a la que apelaban los militares para cumplir órdenes de los oficiales. Luego de la aprobación de la ley, los soldados estarán obligados a obedecer a sus mandos, pero siempre dentro del marco de la legalidad.
Asimismo, se elimina toda referencia a la Doctrina de la Seguridad Nacional importada de EEUU en los años 70 y que definía que la misión del Ejército era luchar tanto contra enemigos externos como internos, lo que dio pie a innumerables violaciones de los Derechos Humanos.
Esta reforma se realizó en pleno año electoral y con la amenaza del opositor Partido Nacional de derogarla si llega a ganar los comicios.
ARG