El pasado miércoles, la mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal rechazó un pedido del presidente Michel Temer para congelar una denuncia ante la Fiscalía donde se le acusa de liderar una «organización criminal» para desviar fondos.
El juez Luís Roberto Barroso dictó la sentencia apoyada por 7 de los 11 magistrados del Supremo Tribunal Federal, dando paso para que el caso sea competencia de la cámara de diputados quienes decidirán si el caso es enviado a juicio o no.
De ser positiva la respuesta traería para Temer serios problemas: si el primer mandatario es llevado a juicio sería destituido de su cargo hasta por 180 días o hasta que se sepa qué deparará su futuro.
El juez ha sido claro en sus palabras: «La palabra está con la Cámara de Diputados». Todo comenzó con el ex-fiscal Rodrigo Janot, quien semanas antes de la finalización de su cargo pasó la petición para abrir una segunda demanda contra el presidente acusándolo junto con sus ministros y colaboradores por tentativas de obstrucción de la labor de la justicia.
Esta es la tercera derrota consecutiva del despacho de abogados del presidente; la semana pasada el Supremo Tribunal Federal desestimó un pedido para descalificar a Janot por «obsesiva conducta persecutoria» lo que podría jugarle en contra a los defensores, e hipotéticamente, costarle la presidencia del país a Michel Temer.