Los golpes de estado y las desapariciones de activistas latinoamericanos en los 70′ y 80′ orquestados en el seno de la CIA dejaron 50 mil muertos, saldo fatal que buscaba suprimir cuanto movimiento de izquierda amenazara la instauración del neoliberalismo. Hoy hay indicios de un escenario similar.
Tras la muerte del presidente Chávez y el triunfo de la derecha en Argentina, Brasil y Ecuador, comienzan a reaparecer casos de persecuciones a los líderes de movimientos identificados con la izquierda. El más reciente caso de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado ha sido uno de los más mediáticos ejemplos del terrorismo de Estado, pero no es el único.
En Colombia se dio a conocer el asesinato de Fernando Asprilla; líder campesino que defendía un proceso de restitución de cultivos ilícitos en Cauca. Con él la cifra alcanza un total de 20 dirigentes sociales asesinados. A ellos se suman los asesinatos de la líder indígena Berta Cáceres (Honduras), del periodista venezolano Ricardo Durán, del dirigente de chavista Eliécer Otaiza y del joven diputado por el PSUV Robert Serra (Venezuela).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) alerta que, antes de morir, esos líderes son víctimas de amenazas, torturas, desaparición, agresiones y otras formas de violencia. Entre las principales causas de muertes están conflictos asociados a las áreas de las minerías y crudo, exploraciones forestales, agro negocio, caza y agua; o simple sicariato.
La estrategia injerencista de EEUU que en los 80’ asestaba golpes militares, hoy ha mutado a lo que el presidente Rafael Correa denominó como «golpe de Estado mediático judicial«, procesos mediante los que se judicializa la política atentando contra las voluntades populares como pasó en Brasil con la presidenta Dilma Roussef.
El analista y periodista, Miguel Jaimes opina que otra maniobra de ataque está dirigía a la economía y a los aparatos productivos de los países suramericanos; así como campañas mediáticas para criminalizar a los mandatarios mientras se malpone a los movimientos sociales de base.
Todas estas estratagemas que disparan desde varios flancos, configurarían una nueva edición del Plan Cóndor que -haciendo uso de otros tipos de violencia- buscaría acabar con los ideales construidos por los gobiernos progresistas latinoamericanos.
KP