La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, enfrenta un enjuiciamiento político aprobado por el Parlamento, con 234 votos a favor y 57 en contra.
Luego de la votación de la Asamblea Nacional, Park “aceptó” la moción de censura y pidió disculpas por el caso de corrupción en que está implicada su antigua amiga, Choi Soon-sil.
«A partir de ahora, responderé con calma al proceso del enjuiciamiento en el Tribunal Constitucional y a una investigación independiente conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y en las leyes», declaró la presidenta, según la agencia Yonhap, citada por Sputnik.
Park traspasó los poderes al primer ministro Hwang Kyo-ahn, ahora Presidente Interino, quien convocó una reunión con el gabinete de gobierno. También aseguró que Corea del Sur mantendría igual su política exterior.
A finales de octubre pasado se reveló que Choi Soon-sil, actualmente bajo arresto, había aprovechado su relación con Park para presionar a medio centenar de empresas locales para que donasen sumas importantes a dos fundaciones sin ánimo de lucro, informó Sputnik.
Se sospecha que Choi gastó parte del dinero en la compra de inmuebles en el extranjero y el pago de los estudios de su hija en una de las universidades de mayor prestigio en Corea del Sur.
Para los fiscales que investigan el escándalo, la presidenta era cómplice de gran parte de los crímenes supuestamente perpetrados por Choi, así como por dos ex ayudantes de Park, An Chong-bum y Jeong Ho-seong. El 20 de noviembre, los tres fueron acusados de prevaricación, coacción, intento de fraude y divulgación de secretos gubernamentales.
La imputación contra la presidenta no podía darse ya que Park contaba con inmunidad jurídica.
Por otro lado, llama la atención que los parlamentarios del propio partido de Park, Saenuri, votaron a favor de la moción, ya que el mínimo para aprobar la medida es de 200 votos de 300 posibles y la oposición no llegaba a la cifra. Se cree que al menos 60 partidarios de Park votaron a favor de la moción de censura.
El tribunal Constitucional tendrá un plazo de hasta seis meses para examinar la legitimidad del ‘impeachment’ y darle curso al proceso legal.
JA