Hay que insistir en denunciarlo: lo que ocurre por estos días en Bolivia es un golpe de estado contra un presidente recién electo por la mayoría del pueblo boliviano para continuar con el rumbo de justicia social, redistribución de la riqueza y desarrollo económico que reconocen adeptos y adversarios del presidente Evo Morales.
Los líderes del golpe no actúan en favor del pueblo boliviano, aunque levanten esas banderas. Una breve revisión de sus hojas de vida lo demuestra.
Lo primero a decir es que para acentuar las diferencias, el liderazgo opositor incentivó el racismo y tras él el fascismo. Esta nación suramericana tiene 37 diferentes pueblos indígenas y en todo el territorio se habla, aparte del español, 6 idiomas aborígenes. un poco más del 60% de la población es de origen indígena. Sin embargo, durante los días de protestas contra Evo Morales, se leían graffitis en las calles diciendo «fuera los indios».
Durante los intensos días de violencia encabezado por la extrema derecha boliviana, fue emblemática la agresión a la alcaldesa Patricia Arce, a quién agredieron, llenaron de pintura y le cortaron el cabello.
Las perlas tras el golpe
Luis Fernando Camacho, quien no participó siquiera como candidato presidencial, es la cabeza visible del golpe. Es empresario de larga data en Bolivia, donde ha sido denunciado en diversas oportunidades por manejos fraudulentos. Su familia era dueña de la compañía Sergas, que distribuía gas doméstico en la provincia de Santa Cruz hasta el año 2006, cuando el presidente Evo Morales la nacionalizó por su carácter estratégico.
«Antes, cada usuario le costaba de 1000 a 1500 dólares conectarse a la red de gas. Esa era una de las empresas de su familia. Hoy todo eso es gratuito por la política de nacionalización donde el gas es un recurso que los bolivianos hemos recuperado para nuestra economía» , dijo el politólogo boliviano Hugo Siles recientemente a RT.
A través de esta y otras empresas, se estima que Camacho está endeudado con el estado boliviano por alrededor de 20 millones de dólares en evasión de impuestos.
Además, recientemente se conoció a través del escándalo de Panamá Papers, su vinculación con la evasión de impuestos y lavado de dinero con las que favoreció a personas y empresas que escondieron sus fortunas en entidades offshore.
Otros cabecillas de este golpe de Estado son los mandos uniformados, el jefe de la policía boliviana Vladimir Yuri Calderón y el jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, fueron agregados (policial y militar respectivamente) en Washington hasta diciembre de 2018.
Otro dato interesante es que el 4 de noviembre de este año, el portal web boliviano Primera Línea, difundió una investigación según la cual se demuestra que los siete gobiernos anteriores a Evo Morales en ese país, eran de corte neoliberal y generaron unos 21 mil millones de dólares en pérdidas al país, debido a la privatización de decenas de empresas estratégicas.
Entre esos 7 gobiernos corruptos está el de Carlos Mesa, que ha estado al frente de las protestas violentas incentivando la salida de Evo Morales contra quien perdió en la elección presidencial.
Todo esto evidencia que tras el golpe en Bolivia, no hay ningún interés en el pueblo boliviano. Al contrario, se mueven intereses económicos y para variar, está el garrote estadounidense tratando de imponer a sangre y fuego su doctrina de patio trasero.
«Luchar, vencer, caerse, levantarse. Hasta que se acabe la vida, ese es nuestro destino» ha sentenciado el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera.
Jessica Sosa
Apetito por el litio despertó interés en Bolivia
