El partido de extrema derecha venezolano, Primero Justicia (PJ) impulsó el informe “El Estado del Mundo” divulgado el día de ayer por la ONG Freedom House que cataloga a Venezuela como país “no libre”.
El jefe para América Latina de la organización pro estadounidense Freedom House, es el fundador del partido PJ, Carlos Ponce, lo que evidencia su falta de independencia e imparcialidad para evaluar el desempeño de gobiernos en la región latinoamericana.
Freedom House, cuya fachada mundial es «aparentemente» independiente y de vigilancia dedicada a la expansión de la libertad y la democracia en todo el mundo, recibe públicamente financiamiento del Gobierno de Estados Unidos, el mismo gobierno que ha calificado a Venezuela como «una amenaza inusual y extraordinaria» para su país.
De acuerdo a un artículo publicado por la Agencia Latinoamericana de la Información en el año 2010, Freedom House asesoró a la oposición y, sobre todo, afianzó la candidatura de Henrique Capriles Radonski «con técnicas de operación sicológica nada originales, ya que ya fueron aplicadas anteriormente en Panamá, Nicaragua y El Salvador». Esta agencia aseguró que oficial principal de programas de FH para América Latina, Viviana Giacaman, permaneció en territorio venezolano durante meses, alojada en Altamira Suites de Caracas.
«En 2005 Freedom House comenzó a trabajar en Venezuela con financiamiento de la USAID para asesorar y financiar a varios grupos, surgentes ONG y proyectos de la oposición. En 2008, aumentó en 90% sus recursos hacia las organizaciones de la llamada «sociedad civil» en América Latina en comparación con las cifras entregadas en 2006″ reseña el artículo de la ALI.
En el año 2008 Freedom House clasificó a Venezuela como país “parcialmente libre”, aumentando su presupuesto en el país a un millón de dólares para campañas de desprestigio y operaciones sicológicas. Así mismo, Freedom House participó en los golpes “suaves” en Europa Oriental y el Cáucaso, a través del financiamiento y la promoción internacional de las organizaciones involucradas junto a la NED, la USAID, el Open Society Institute y el Project for Transitional Democracy.
AMRG