Tras conocerse nuevos y escabrosos detalles del caso de corrupción en el que está envuelta la transnacional Odebrecht en varios países del mundo, el gobierno de Colombia pidió que se inhabilite a esta empresa para contratar con el Estado por un período de 20 años.
La solicitud, hecha por la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se fundamenta en los enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que causó la compañía brasileña al país, más el daño ético y moral que logró corromper diferentes niveles de la administración pública.
De acuerdo con una serie de documentos publicados por el Departamento de Justicia de EEUU, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde entregó más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.
No obstante, investigaciones realizadas por la Fiscalía de ese país han arrojado que las coimas que presuntamente pagó la constructora en Colombia fueron mayores y alcanzaron los 84 mil millones de pesos (unos 26,8 millones de dólares).
Recientemente, el fiscal general colombiano, Néstor Humberto Martínez, ha sido señalado de ocultar información vital sobre esta investigación. Según el testimonio póstumo que dejó Jorge Pizano, auditor de la concesionaria Ruta del Sol, el funcionario sabia de las contrataciones falsas desde el año 2013.
ARG