El viraje del nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, hacia la derecha, luego de haber resultado electo por la mayoría de los ecuatorianos en apoyo a la continuidad de la Revolución Ciudadana, cada día toma más forma.
Primero se fue desmarcando de la gestión de su predecesor, Rafael Correa, para luego comenzar una suerte de persecución política bajo el manto de «lucha contra la corrupción», atacando a figuras de importancia dentro de la dirigencia de Alianza País, partido que lo apoyó en su candidatura presidencial.
Ahora, a través de un proceso de consulta popular, busca reformar parte de lo transitado en los últimos años, en particular con la eliminación de la Ley para Evitar la Especulación de la Tierra, que se conoce comúnmente como Ley de Plusvalía.
Solo con el nombre, se puede asumir fácilmente quiénes saldrían beneficiados en Ecuador con la posible anulación. Sin embargo, repasemos algunos aspectos del cuerpo legal que entró en vigencia en favor de los campesinos de la nación suramericana.
Con dicho marco legal, perdían los especuladores de los terrenos urbanos que solían “engordar” asentamientos para sacar el máximo beneficio. Un ejemplo de ello fue el espacio donde actualmente se encuentra el aeropuerto Mariscal Sucre, terminal internacional de la capital, Quito. Allí, “unos cuantos ricachos y funcionarios corruptos”, sabiendo que se levantaría la estructura, pagaron migajas a los campesinos para luego vender en dólares, y a altos precios para el aeropuerto, según recuerda un texto del analista Jaime Galarza Zavala, publicado por El Telégrafo.
Precisamente ese tipo de acciones son las que busca regular la Ley de Plusvalía, y que para el actual jefe de Estado de Ecuador, se trata de una “baja sustantiva en la construcción”, lo que le pareciera preocupar más que las familias que tienen graves problemas de acceso a la vivienda y que han optado por ocupar terrenos abandonados o en proceso de “engorde”.
JI