La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela aprobó una nueva ley propuesta por el presidente Nicolás Maduro el pasado 5 de enero con el fin de combatir la corrupción, flexibilizar ciertos mecanismos para obtener mayor eficiencia y promover la producción nacional.
Son, en pocas palabras, clamores escuchados por el pueblo venezolano, puesto que toca temas muy sensibles para el ciudadano común, que enfrenta de forma reiterada a comerciantes especuladores, intermediarios parásitos, así como funcionarios y empresarios corruptos.
“La guerra económica que se ha generado contra Venezuela ha tenido diversas variables, una de ellas ha procurado aniquilar la moral de los venezolanos. Las colas, el abastecimiento no es un tema económico, es un tema vinculado a afectar la moral del pueblo”, recalcó el ministro para Planificación, Ricardo Menéndez.
La ley, llamada Ley Constitucional contra la Guerra Económica para la Racionalidad y Uniformidad para la adquisición de bienes y obras públicas, fue presentada por el ministro, quien destacó los 4 ejes fundamentales de ésta:
- Flexibilizar los mecanismos de compras y contrataciones públicas, ajustadas a la dinámica de guerra económica.
- Lucha contra la corrupción al crear un sistema de compras y contrataciones más transparentes.
- Incluirá a nuevos actores productivos, al incentivar y fortalecer la producción nacional.
- Irá directamente a los productores y no habrá intermediarios.
¿De qué trata esta nueva ley?
«Esta ley constitucional unifica el funcionamiento del sistema integrado de contrataciones del Estado, guiado por la armonización de metodologías, criterios y conceptos utilizados por todos los órganos y entes contratantes del Estado, bajo una política orientada a la simplificación de trámites, estandarización tecnológica, promoción de nuevos actores económicos, creación de nuevos métodos de gestión, fomento de la industria nacional, optimización de la inversión pública y lucha contra el burocratismo y la corrupción», refiere el texto legal, leído en sesión ordinaria de la ANC, transmitida por VTV.
La nueva ley señala que las instituciones del Estado contarán con un registro único de contrataciones, que abarcará a los actores que participarán en las contrataciones y los métodos de gestión, haciendo los procesos de contratación más transparentes.
También será establecida una unidad para el cálculo aritmético, fijada por los ministerios para Planificación y para Finanzas tras el visto bueno del Consejo de Ministros, la cual «será utilizada como multiplicador único a los fines de obtener el monto en moneda que corresponde, establecido por el ordenamiento jurídico para delimitar rangos de elegibilidad en los procesos de contratación pública o para el cumplimiento de condiciones o requisitos relacionados».
Esto último cobra sentido tras el descubrimiento de casos de corrupción donde el Estado es perjudicado por “compras” de bienes con montos absurdamente elevados como uno relacionado con PDVSA en el que se subcontrataron impresoras por un total de dos millones de dólares. En total, los sobreprecios de este caso, ascienden a 200% y generaron una pérdida al Estado de 27 millones de dólares.
JA
