José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero y Ángel Boza, de entre 26 y 29 años, son los miembros del llamado caso La Manada que permanecían encarcelados desde el 7 de julio de 2016, cuando un juez les envió a prisión horas después de que hubieran sido detenidos como autores de la violación (en grupo) de una chica de 19 años durante los Sanfermines, en España.
Alfonso Jesús Cabezuelo, que fue suspendido como militar por su implicación en el delito, se ha reincorporado al servicio activo, ya puede trabajar y está ahora pendiente por asignación de destino. A partir de este momento, el militar “queda a disposición del general jefe del mando de personal del Ejército de Tierra y adscrito a efectos administrativos a la subdelegación de Defensa en Sevilla”. Cabezuelo fue condenado a nueve años de prisión junto a los otros cuatro hombres y ahora se encuentra en libertad provisional hasta que el Tribunal Supremo dictamine si hace firme la sentencia. El Ministerio de Defensa esperará a la resolución del Alto Tribunal para asignarle un destino.
El guardia civil, Antonio Manuel Guerrero, se encuentra en situación de «activo sin destino», por lo que cobra el sueldo base a la espera de que la sentencia sea firme, han explicado fuentes del Instituto Armado. La Guardia Civil española le abrió al agente en práctica de 29 años, un expediente disciplinario después de que fuera detenido por el delito. Guerrero fue condenado también por robar el móvil de la joven tras la agresión sexual, tal y como reconoció en el juicio, por lo que se le atribuyó un delito “leve de hurto” que supone una pena de dos meses de multa a 15 euros por día.
Ni Cabezuelo ni su amigo -y también condenado- Guerrero, fueron expulsados de sus respectivos cuerpos mientras duró el proceso judicial. Su futuro profesional no se decidirá hasta que la sentencia no sea firme.
José Ángel Prenda se ha mostrado este viernes 13 de julio «muy agradecido» a “su club de fans”, que «abrió una página de Facebook para darle su apoyo» y cuyo perfil fue cerrado «en dos días», considerando el acusado que esta clausura es «la viva imagen de la democracia”. Así se ha manifestado Prenda ante los medios de comunicación que lo esperaban otro día más a las puertas de los juzgados de Sevilla, donde los cinco condenados tienen que acudir a cumplir con la obligación de firmar cada viernes, además de lunes y miércoles, en la Oficina de Presentaciones, medida impuesta por la Audiencia de Navarra en el auto que ordenaba su puesta en libertad provisional hasta que la sentencia sea firme.
La página cerrada que aplaudía la repugnante acción que realizó este individuo, contaba con 200 seguidores antes de su clausura. La identidad de quien creó esta página, el pasado 27 de junio, no se conoce debido a la política de privacidad de Facebook y tampoco se puede saber quiénes le dieron ‘me gusta’. Sin embargo, varios usuarios de esta red social han escrito en el muro para mostrar su rechazo a esta iniciativa que «vitorea a un hombre que ha sido condenado por abusar sexualmente de una mujer».
En este sentido se conoció que a través de la plataforma Change.org lanzaron una petición para que Facebook suprimiese la página de fans de ‘El Prenda’, consiguiendo su eliminación.
«Esta página alienta a potenciales violadores y abusadores que ven en este sujeto a una figura de referencia. Eliminarla es necesario por el daño que genera a la víctima y su entorno. Asimismo, pone en la diana a cualquier mujer ya que podría sufrir una violación por el efecto imitación», argumentaba el precursor de la petición.
Jesús Escudero es peluquero de profesión en un salón del barrio de Triana, en Sevilla. Es el que más desapercibido ha pasado entre sus compañeros. Tampoco ha hecho mella su paso por prisión. En el juicio, presentaba prácticamente la misma imagen que cuando fue detenido un año y medio antes: perilla y pelo engominado. «La Manada» le dejó marcado, literalmente; en el costado tiene un enorme tatuaje de la huella de un lobo.
Por su parte, Ángel Boza ha sido el menos mediático del grupo y durante el juicio de noviembre mostró el perfil más bajo de todos ellos. El papel de Boza, según declararon los acusados, fue el de atraer a la joven madrileña. Boza es el único que no está enjuiciado por el caso de la violación de Pozoblanco (Córdoba), la otra causa abierta con la Justicia que cuatro de los miembros de La Manada tienen abierta y en la que se les acusa de haber «abusado sexualmente de una joven de 21 años» durante la fiesta del municipio de Torrecampo en 2016.
Son 9 años de prisión la pena a la que han sido condenados los miembros de La Manada. Ellos mismos se bautizaron así y ahora la sociedad los asocia a «un grupo de animales». Lo hicieron en el grupo de WhatsApp en el que maquinaron y luego compartieron los vídeos de esta agresión sexual. “Follándonos a una entre cinco. Hay vídeo”, escribía entonces uno de los componentes de esta jauría.
Y 96 los segundos de grabaciones de un total de siete vídeos son los que fueron analizados de forma minuciosa segundo a segundo, fotograma a fotograma, en la sesión del juicio que se celebró el pasado noviembre y que superó las cinco horas largas de duración.
En España el hecho en el delito conocido y denominado como “abuso sexual” o el delito denominado «agresión sexual» implican en esencia: atentar contra la libertad sexual de una persona. Si hay violencia o intimidación es agresión -penada en su tipo básico con uno a cinco años de cárcel-; si se considera que no los hay, entonces se le considera abuso -castigado con prisión de uno a tres años-. Cada uno de estos tipos básicos, además, tiene distintas posibilidades. Y ambos recogen como subtipo agravado que se haya producido penetración (vaginal, anal o bucal, o a través de objetos).
El caso de La Manada ha supuesto además de un maremoto judicial, un acalorado debate sobre conceptos como consentimiento, agresión o violencia. En España se producen cuatro agresiones sexuales al día. Según el Ministerio del Interior, el número de agresiones sexuales con penetración en 2017 fue exactamente de 1.382. Ligeramente superior al de 2016. Esto indica que, al menos, aumentaron las denuncias.
María Ángeles Jaime de Pablo, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, lo define así: «El consentimiento sexual presupone la capacidad para acceder libremente a mantener relaciones sexuales con otras personas, a decirlo con una palabra o frase afirmativa y sería la expresión auténtica del ejercicio de la libertad sexual«.
Así, a partir del giro de perspectiva que se está dando en referencia a este tema, «los debates actuales se centran en recuperar la experiencia de la víctima para poner de manifiesto la no necesidad de que se verifique una resistencia activa ni una demostración de heroicidad, bastando con la manifestación de rechazo o no consentimiento«, añade. Es decir, que no solo se trata de entender que «no es no», o de buscar signos de defensa personal, sino de que aunque ese «no» no se verbalice, debe bastar con que sea evidente que la víctima está rechazando esa relación o no ha tenido la capacidad para consentirla.
El Código Penal en España actualmente establece los siguientes delitos: agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual y prostitución (forzada).
SC
