Quizá la más clara de las intervenciones de la Iglesia Católica en el acontecer político venezolano haya sido durante el Golpe de Estado de abril de 2002: firma del decreto de Carmona, participación en el secuestro del presidente Hugo Chávez, declaraciones públicas previas, dignas de cualquier vocero de organizaciones partidistas de oposición.
Pero desde la llegada del líder de la Revolución Bolivariana a la Presidencia de la República, la alta jerarquía eclesiástica ha operado de ese modo como interventor contra el chavismo y su máxima figura, apelando a los altos niveles de religiosidad del país.
En mayo de 1999, a tan solo meses de haber tomado posesión, Roberto Luckert, arzobispo de la ciudad de Coro, en el estado Falcón, se refirió a Chávez públicamente. “Parece un guapetón de barrio, siempre anda buscando con quién pelear; primero fue con los partidos, después con el Congreso y la Corte Suprema de Justicia y ahora es con el Consejo Nacional Electoral», afirmó Luckert, según recoge una nota de AFP (Agencia Francesa de Prensa) de la época.
En el mismo texto se citan otras palabras de Luckert, que acusó a Chávez de hacer “demagogia barata” y señaló, en un tono ya fácilmente atribuible a una vocería de la Mesa de la Unidad Democrática: “’Lo escogimos para que nos gobierne como un civil y no como un militar».
El padre Pedro Freites ha embestido en reiteradas ocasiones contra el proyecto Bolivariano, y en particular ha condenado a sacerdotes que lo apoyen. En algún momento llegó a acusar a Chávez de querer fundar una “iglesia paralela” y chavista.
Freites, quien ha sido consultor del Vaticano en el área de Comunicaciones, además de rector del Colegio Venezolano en Roma, llegó incluso a decir que el movimiento iniciado con Chávez pretendía “crucificar la democracia venezolana”.
Una breve mención merece la participación de la jerarquía eclesiástica en el Golpe de Estado del año 2002, cuando el entonces cardenal Ignacio Velasco, quien posteriormente firmaría el Decreto de Carmona, que abolía la Constitución y todos los poderes públicos del país, habría asistido a pedir la renuncia del presidente Chávez, secuestrado por los militares golpistas. También lo visitó Baltazar Porras, como ya hemos mencionado anteriormente en VT.
Un mes antes la Conferencia Episcopal Venezolana, a través del padre Luis Ugalde, había participado en el «pacto de gobernabilidad» firmado entre la Confederación de Trabajadores de Venezuela y Fedecámaras, cuyo presidente se autojuramentaría en abril como Primer Mandatario Nacional. Ese acuerdo es un claro precedente del Decreto de Carmona.
En 2007, la CEV se involucró activamente en la campaña para el proceso electoral que refrendaría una reforma a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promovida por el presidente Hugo Chávez para la profundización del empoderamiento del pueblo y el afianzamiento del llamado Poder Popular.
A mediados de octubre de ese año emitió un comunicado que, bajo el título “Llamados a vivir en libertad”, exhortaba al pueblo venezolano a votar contra esta propuesta. “Nuestra contribución tiene el propósito de iluminar, desde una valoración ética, el juicio y la decisión que sobre el proyecto de Reforma corresponde asumir a los venezolanos en asunto de tanta importancia para el presente y el futuro del país”, se puede ver en el segundo punto del documento.
En el mismo documento, tras insistir en un discurso anticomunista y antisocialista, definen rotundamente su rechazo a la propuesta, con una sentencia tan lapidaria como vacía de contenido: “la consideramos moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia”.
El compendio al que hace referencia la frase defiende a ultranza, entre otras cosas, la propiedad privada, a pesar de que en el mismo se asegura: “Dios ha destinado la tierra y sus bienes en beneficio de todos”.
En la Doctrina también se puede encontrar que “si no existe una verdad última –la de la Iglesia, por supuesto-, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder”.
Sin embargo, en el documento de la CEV contra la reforma se lee: “Experiencias de otros países demuestran que en tal sistema [el socialista], el Estado y su gobierno se convierten en opresores de las personas y de la sociedad”. Algo como lo que hizo la Iglesia con las culturas ancestrales. Vale la pena revisar el texto completo, que consta de 18 puntos y fue firmado por “los Arzobispos y Obispos de Venezuela”.
En el año 2010, el cardenal Jorge Urosa Savino expuso ante los micrófonos del canal televisivo Globovisión “no tener la menor duda que Venezuela se estaría encaminando hacia una dictadura”.
Este sábado 14 de enero, el arzobispo de la ciudad de Barquisimeto (estado Lara), monseñor Antonio López Castillo emprendió una serie de improperios contra el Gobierno Nacional. Lo hizo al dar su sermón durante la edición 161 de la Procesión de la Divina Pastora, acto que convoca en el estado Lara a millones de creyentes cada año.
Antes de finalizar con una serie de consignas propias de un mitin político (¡Viva la Venezuela libre!, por ejemplo), había dado un discurso cargado de ataques: “La mayoría de nuestro pueblo no cree en el comunismo socialista fracasado que ha llevado al país a la miseria”.
“Siento un dolor muy grande porque ustedes no tienen comida ni medicina”, dijo el sacerdote, apoyando de ese modo el discurso de “crisis humanitaria” que ha montado la oposición venezolana y que ha difundido ampliamente por el mundo.
Es curioso que se dirigiera con esas palabras a quienes emprenderían dicho recorrido, pues caminar bajo el sol los más de 7 kilómetros, en estado de desnutrición, representa un gran riesgo para la salud y la vida de un ser humano.
JI