Escribir unos tuits: 1 año
Hacer una canción sobre el Rey: 3 años
Casarse con una Infanta no tiene precio.— Anacleto Panceto (@Xuxipc) February 24, 2017
Iñaki Urdagarin, cuñado del Rey Felipe VI de España, fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel por la Audiencia de Palma en el juicio por el saqueo de 6 millones de euros de las arcas públicas de Baleares y Valencia a través del Instituto Nóos.
Urdagarin aprovechó su «privilegiado posicionamiento institucional, dada su proximidad con la Jefatura del Estado», según la sentencia, para ejercer una «presión moral» sobre las autoridades de Baleares con el fin de conseguir contratos irregulares que le reportaron jugosos beneficios económicos. Su esposa, la infanta Cristina, fue absuelta de haberse beneficiado junto a su marido de los fondos públicos desviados a la sociedad matrimonial Aizoon.
Aquel pasado tan lejano como el 17 de febrero del 2017, la infanta Cristina de Borbón -declarada responsable civil- fue sancionada con una multa inferior a la exigida por fiscalía: de los 587.000 euros que depositó en 2014, sólo deberá pagar 265.088,42 euros.
En consecuencia, la Justicia tendrá que devolver a la infanta unos 322.000 euros. Son cifras ligeras para quien realiza la transferencia: ¿de dónde saca la infanta semejante cantidad de dinero si no es del tesoro de un país en crisis que la ha visto crecer, envejecer y sacar provecho de haber nacido del espermatozoide más veloz del muy lento Juan Carlos Borbón? Privilegios que sólo se ven en la monarquía española del siglo XXI.
Iñaki Urdangarin no irá a la cárcel de momento; seguirá en libertad hasta que se pronuncie el Tribunal Supremo en una fecha aún por determinar. El tribunal del caso Nóos omitió la medida cautelar bajo fianza de 200 mil euros que solicitó la fiscalía anticorrupción. Sólo deberá comparecer una vez al mes ante la autoridad judicial de Ginebra. También deberá notificar cualquier desplazamiento dentro de la Unión Europea. La «severidad» de las restricciones son una cachetada al ciudadano español sin tiara.
El mismo día que se dictó la libertad provisional del esposo de la infanta, se condenó a Rodrigo Rato ex Vicepresidente de Gobierno, Ministro de economía de Aznar y ex director del FMI. La pena impuesta es de cuatro años y medio de ¿prisión?… La pelota está ahora del lado de la Fiscalía que es la que debe solicitar su entrada a la cárcel. Junto a él otros 64 acusados del caso de las tarjetas Black de Caja Madrid y Bankia fueron condenados por el delito continuado de apropiación indebida entre 2003 y 2012: Gastaron 12,5 millones de euros que deberán devolver con intereses.
¡Última hora!
Rato 4 años y medio de cárcel por las "tarjetas black"
Cuando el PP amaba a Rato… pic.twitter.com/OJlsE3CqQ0
— MALDITA HEMEROTECA (@Mhemeroteca) February 23, 2017
Es que la prisión preventiva es para casos excepcionales, como titiriteros o tuiteros. pic.twitter.com/i2rYc7NBhM
— laquintacolumna (@laquintacolumna) February 24, 2017
Si todavía le queda algo de fe en la justicia española, debe colocar en la balanza el caso de Alejandro Fernández, un joven granadino condenado a cinco años de cárcel por pagar 79,20 euros con una tarjeta que resultó ser falsa.
En este contexto, el Partido de gobierno soltó un trino que despertó la indignación de los españoles:
"No hay apellidos ni cargos que valgan para la Justicia en nuestro país: quien la hace, la paga" @ALevySoler #LN24
— Partido Popular (@populares) February 23, 2017
Enjuiciados por sus propias sentencias: a comienzos de enero, la misma Audiencia que libró de pecados a la hermana del Rey, ratificó una sentencia de tres años, seis meses y un día de prisión contra un joven que se robó una bicicleta. El acusado no recibió indulgencias: se trataba de un reincidente.
La polémica portada
El día 2 de febrero, la Revista Satírica Jueves presentó en su portada la imagen de la Infanta Cristina manteniendo relaciones con su marido, Iñaki Urdagarín: ambos tras las rejas y bajo el titular: «La infanta irá a la cárcel”. No faltaron las voces críticas que convirtieron a la viñeta en el tema del día haciendo a un lado el debate público sobre la corrupción.
Para su siguiente número, el semanario reformó su portada y pidió disculpas a sus lectores:
Lo sentimos mucho. Nos hemos equivocado y no volverá a ocurrir. https://t.co/chff50dcCW
— El Jueves (@eljueves) February 23, 2017
Una justicia sin Flow
«El rey tiene una cita en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley» es una de las líricas del rapero Miguel Arenas Beltrán, mejor conocido como Valtonyc, condenado a tres años y seis meses de prisión por el contenido de sus canciones que -según la «justicia»- violan las leyes por injurias a la corona, enaltecimiento al terrorismo y amenazas.
La plataforma Alerta solidaria emitió este viernes un comunicado en el que enfatiza: «el estado capitalista español criminaliza la libertad de expresión» mientras «estos mismos días se ve como los ladrones y corruptos que gobiernan» siguen «impunes ante la ley».
¿Qué tiene que hacer Urdangarín para que lo encarcelen? ¿Rapear?
— Pepe Colubi (@pepecolubi) February 23, 2017
En enero de este año el Tribunal Supremo condenó al rapero César Strawberry, cantante del grupo Def Con Dos, a un año de prisión por delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas, por unos tuits que publicó en 2013. En algunos hacía referencia a la mano derecha de Franco, Luis Carrero Blanco, que se desempeñó como Presidente de Gobierno en la última etapa de la dictadura, hasta que fue asesinado en un atentado que fue reivindicado por ETA. El magnicidio ocurrió mientras Carrero Blanco se hallaba a bordo de un vehículo en el cual se habían colocado unas cargas explosivas. Carrero Blanco murió al instante y el estallido fue tan violento que abrió un cráter en el asfalto, mientras que el carro, un Dodge 3700 GT de 1800 kilogramos voló por el aire y cayó sobre el tejado del anexo de una Iglesia.
Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco…
— César Strawberry (@CesarStrawberry) December 20, 2013
Cuando recuerdo el vuelo acrobático de Carrero Blanco, echo de menos tantas cosas…
— César Strawberry (@CesarStrawberry) October 24, 2013
La Insurgencia, «un colectivo musical que pretende fomentar el internacionalismo, difundir y expandir la cultura revolucionaria, y elevar el nivel de conciencia de las masas trabajadoras», fue acusada de enaltecer al terrorismo en noviembre del 2016. A través de su canal Youtube los artistas habían colgado canciones en los que mencionaban a los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Se negaron a declarar ante la Audiencia Nacional. Declararon en otra publicación en la red social que ellos siempre serán solidarios con los presos políticos del Estado español.
En el año 2002, la Asociación de víctimas del Terrorismo y de algunos partidos políticos, como el Partido Popular, consiguieron que múltiples conciertos del grupo de thrash metal Soziedad Alkoholika fueran cancelados. Durante los siguientes dos años se inició una cacería judicial contra el grupo hasta que en noviembre de 2006 fueron juzgados y finalmente absueltos del delito de enaltecimiento del terrorismo.
El 4 de octubre del 2011, el rapero comunista Pablo Hasél fue detenido, posteriormente enjuiciado y condenado a dos años por «enaltecimiento al terrorismo». En una de sus canciones Democracia Su Puta Madre reivindica a Manuel Pérez Martínez o el Camarada Arenas, quien fuera Secretario General del Partido Comunista de España.
Esta organización ha sido vinculada con los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Según la Audiencia Nacional es el brazo armado del partido que, dicho sea de paso, nunca se ha registrado ante las instituciones españolas ni ha participado en ningún proceso electoral. Fue ilegalizado en el año 2003 por orden de Baltazar Garzón. Tres años después la Audiencia Nacional acordó la disolución del PCE (r).
LC