Dos chicas se acercan lentamente a la pared. Dejan sus cubetas en el suelo y comienzan a intentar borrar, nuevamente, un letrero. “Fue el Estado”, se puede leer aún, en letras blancas. Es una de las paredes que rodea El Zócalo, plaza principal de ciudad de México, en las afueras de algún ente de gobierno, o quizás en el suelo de alguna gran calle. Pasa en todos por igual.
Esta escena se repite a menudo. La intención es que México no olvide, que tenga presente siempre Ayotzinapa, Tlatelolco: mantener viva la memoria de que, en dicho país, ser estudiante y disentir es un atrevimiento mortal.
El 2 de octubre de 1968, cerca de 50.000 estudiantes se congregaron en la plaza de las Tres Culturas, en una multitudinaria acción de protesta a causa de las condiciones económicas que atravesaba el país, bajo el mandato de Gustavo Díaz Ordaz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ese día los estudiantes fueron emboscados, y a causa del fuego militar tanto en tierra como aéreo, unos 400 fueron asesinados, aunque cifras no oficiales sitúan el total por encima de las 500 víctimas mortales, contando las denuncias de madres y padres sobre desapariciones de sus hijos. Los cadáveres fueron quemados, en su mayoría, además de que más de mil jóvenes resultaron heridos, y llevados a hospitales militares para mantener la situación fuera de los focos.
Era el año de los juegos Olímpicos con sede en la Ciudad de México, y el Estado no estaba dispuesto a permitir que los focos se situaran sobre el país con relación a grandes protestas contra las políticas implementadas. De ahí que Tlatelolco no haya sido la primera escena de violencia contra el movimiento estudiantil ese mismo año.
El 27 de agosto, se calcula que unos 200 mil estudiantes ocuparon El Zócalo, y al día siguiente las fuerzas policiales los sacaron violentamente. Tras ese incidente, las revueltas fueron reiteradas en los días y semanas siguientes, y para el mes de septiembre el gobierno de Díaz Ordaz dio la orden de ocupar el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Decenas de estudiantes murieron ya aquel día, y serían incinerados para ocultar la verdad.
Luis Echeverría Álvarez, quien fungía entonces como Secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, había reconocido anteriormente su actuación directa al dar orden de que el ejército reprimiera anteriormente protestas de estudiantes, incluso el derribo de la puerta de una unidad educativa con un proyectil de bazuca.
La potestad de tal decisión estaba reservada únicamente al presidente, por lo que Echeverría había entonces aceptado la comisión de un delito. La declaración, efectuada con la intención de desligar de cualquier responsabilidad a Díaz Ordaz, fue efectuada en julio, y aun así, para octubre se mantenía en el mismo cargo.
Ya el año siguiente, Echeverría fue designado por el PRI como el futuro candidato a la Presidencia, para la que resultó electo y asumió en 1970. Desde el inicio, intentó expiar sus culpas: liberó a varios líderes del año 68 que se encontraban tras las rejas, además de permitir el retorno de algunos que se mantenían en el exilio.
Pero en 1971 un nuevo episodio sirvió de recordatorio: el grupo paramilitar Los Halcones, al servicio del Estado, perpetró la que sería después conocida como la Matanza del Jueves de Corpus (sucedió el 10 de junio, día de Corpus Christi). No hubo responsables ante la justicia, y el Presidente se lavó las manos.
Eventos más recientes han traído de vuelta recuerdos oscuros en la historia mexicana, y traen la noción de que nada ha cambiado. En 1999, estudiantes de la UNAM entraron en huelga, entre otras cosas, contra la privatización de la educación. El fin de la huelga se dio en febrero del año 2000, tras el ingreso violento por parte de policía y Ejército.
En 2011, dos personas murieron mientras participaban en una manifestación en la vía hacia Acapulco. Fueron atacados por cuerpos policiales de la localidad. En junio de 2014, 22 personas fueron ejecutadas y presentadas como criminales. Testigos afirman que las víctimas se habían rendido, y a pesar de su inocencia, fueron ejecutados a sangre fría.
Ese mismo año, en el mes de septiembre, se dio un caso que nuevamente puso los ojos del mundo sobre suelo mexicano: en el estado de Guerrero, específicamente en la localidad de Iguala, un acto previo a la conmemoración de los 36 años de Tlatelolco terminó en una nueva tragedia. En principio, 6 personas murieron durante el ataque armado, en el que además 25 resultaron con heridas y 57 se mantenían desaparecidos. De ellos, finalmente 43 permanecen sin conocerse su paradero.
Padres de las víctimas denuncian continuamente la falta de gestiones por parte del gobierno mexicano, dirigido por Enrique Peña Nieto. Este último, a comienzos de este mes, ascendió a Contralor General a Alejandro Saavedra Hernández, quien era responsable militar de la zona donde desaparecieron los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Además, un par de meses después de esos hechos, había recibido un primer ascenso, cuando se convirtió en Comandante de la IX Región Militar de Guerrero. Este caso, hasta el momento, se suma a la lista de impunidad para eventos de violencia estatal contra estudiantes, profesores, maestros y población en general, que se han tomado el atrevimiento de reclamar, por ejemplo, condiciones dignas en salud y educación, o simplemente reclamando acciones anteriores de represión.
JI