La frontera vuelve a estar en el centro de la guerra de comunicados entre Colombia y Venezuela. La República Bolivariana ha emitido varias comunicaciones solicitando a Colombia la derogación de la Resolución número 8 de la nación neogranadina que permite la cotización del bolívar con distintas tasas dentro su territorio, lo que se ha traducido en beneficios económicos para traficantes del papel moneda.
De territorio venezolano a colombiano existe una tradición histórica de contrabando de productos, combustible que más recientemente se ha ampliado a los billetes de alta denominación.
Tras cada roce diplomático Colombia se ha comprometido a mejorar el control en la zona fronteriza, sin embargo, no han trascendido de los dichos a los hechos.
La jefa de la diplomacia, María Ángela Holguín, a través de un comunicado emitido por su despacho ha sido tajante al asegurar que «Colombia desarrolla y estimula un sistema económico de legalidad. Para el caso particular de la frontera, las actividades económicas tradicionales y legales han facilitado la adquisición de bienes y servicios básicos que igualmente benefician a los más de seis millones de venezolanos que han ingresado a nuestro territorio desde el pasado 13 de agosto de 2016.»
Aunque efectivamente en la frontera colombo-venezolana es una zona de tránsito muy importante, las cifras son superlativas: eso implicaría que una quinta parte de los venezolanos han viajado a Colombia desde agosto. Equivale a la cantidad de desplazados colombianos en territorio venezolano, después de 50 años de conflicto y una de las tasas de desplazados más grandes del mundo.
La cancillería neogranadina informó que citó al Embajador venezolano en Bogotá, para «entregarle una comunicación oficial donde expresa su inconformismo por los calificativos que han sido emitidos por el Gobierno venezolano en los que reiteradamente culpan a Colombia por una situación económica que no se genera en nuestro país».
Por último solicitan «Colombia resalta su voluntad de establecer un mecanismo técnico que asegure que los tenedores de bolívares, que obrando de buena fe, puedan ingresar al sistema financiero venezolano los billetes de 100 bolívares producto de su actividad comercial legal.»
«El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia informa que:
Frente a la estigmatización por parte de las autoridades venezolanas, donde se califican algunas ciudades del territorio nacional, especialmente Cúcuta, como sede de actividades económicas al margen ley, el Gobierno colombiano rechaza enfáticamente tales calificativos. Los comerciantes de la ciudad de Cúcuta han sido quienes más han ayudado a los miles de venezolanos que han venido al país en busca de alimentos y medicamentos en los últimos meses.
Colombia desarrolla y estimula un sistema económico de legalidad. Para el caso particular de la frontera, las actividades económicas tradicionales y legales han facilitado la adquisición de bienes y servicios básicos que igualmente benefician a los más de seis millones de venezolanos que han ingresado a nuestro territorio desde el pasado 13 de agosto de 2016.
Ante lo anterior, la Cancillería citó la semana pasada al Señor Embajador de Venezuela en Colombia para entregarle una comunicación oficial donde expresa su inconformismo por los calificativos que han sido emitidos por el Gobierno venezolano en los que reiteradamente culpan a Colombia por una situación económica que no se genera en nuestro país.
En la citada comunicación, el Gobierno de Colombia resalta su voluntad de establecer un mecanismo técnico que asegure que los tenedores de bolívares, que obrando de buena fe, puedan ingresar al sistema financiero venezolano los billetes de 100 bolívares producto de su actividad comercial legal.
Colombia reitera la importancia de trabajar conjuntamente en la lucha contra la ilegalidad, que se nutre entre otros fenómenos, por el contrabando, la especulación y la corrupción que deben ser combatidos efectivamente en beneficio de los dos países.
Bogotá, 19 de diciembre de 2016»