El desabastecimiento de combustible en las zonas fronterizas de Colombia obligó ayer al Gobierno del presidente Iván Duque a solicitar a su par de Ecuador la venta de carburantes para hacer frente a la fuerte escasez de este rubro, hecho que es atribuido a la llamada Minga indígena, protesta pacífica de los originarios que se ha extendido por una semana y que ha obstaculizado el tráfico en la vía Panamericana.
Unos 20 mil indígenas de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Huila y Nariño integran esta movilización en reclamo de un diálogo directo con Duque, para obtener respuestas a sus múltiples demandas sociales.
En la lista de peticiones destaca el cumplimiento de acuerdos pactados con las comunidades nativas, la implementación del Acuerdo de Paz con las desmovilizadas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), reivindicación de sus tierras en base al derecho ancestral, ser consultados sobre proyectos mineros en sus territorios y cese de los crímenes contra sus líderes.
El gobierno de Duque, por su parte, exige el fin de los bloqueos en la carretera para negociar con los originarios e indicó que trabaja “para proveer el abastecimiento de combustibles y tener todas las alternativas disponibles», señaló el ministerio de Minas y Energía en un comunicado.
Para lograrlo Colombia solicitó a Ecuador el suministro durante los próximos diez días de 525.000 galones diarios de combustible, entre diésel, gasolina y gas licuado de petróleo. También planean aumentar la capacidad de una línea de abastecimiento alternativa y a su vez seguir empleando la fuerza pública para garantizar que el combustible llegue a los distribuidores.
Con este propósito las autoridades activaron un dispositivo especial para enfrentar la protesta, lo que ha producido fuertes enfrentamientos con los movilizados. En respuesta la Organización Nacional Indígena de Colombia denunció este miércoles que seis comuneros fueron heridos con ráfagas de fusil disparadas directamente a los movilizados en el departamento del Cauca.
La organización lamentó también la muerte de un policía por impacto de bala, hecho que estaría siendo manipulado por algunos medios en contra de la protesta de los originarios, manejo que busca “justificar ante la opinión pública el tratamiento de guerra contra la protesta social en Colombia”, según denunció el colectivo.
Más de 400 organizaciones de derechos humanos, 21 organizaciones internacionales, seis congresistas y por lo menos 900 civiles ratificaron en una carta al presidente Duque su apoyo al reclamo de los indígenas y otros sectores sociales colombianos movilizados en reclamo de demandas sociales y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
Los indígenas representan el 3,4% de los 42 millones de colombianos y sus distintas etnias están esparcidas en zonas rurales y aisladas del territorio colombiano, por lo que la violencia política que ha caracterizado a este país suramericano en el último medio siglo los ha afectado profundamente.
YBV