La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presentó en el Juzgado Federal de Río Gallegos una denuncia penal por las escuchas telefónicas de sus conversaciones con el exfuncionario Oscar Parrilli, en la que advirtió sobre una «maniobra de carácter criminal» que «pone al descubierto el componente mafioso que vincula a sectores del poder político, con algunos estamentos de la Justicia federal», según reseña Telesur.
En su presentación, Cristina sostuvo que desde que dejó la Presidencia viene siendo blanco de «una feroz campaña de persecución política, mediática y judicial» y que el Poder Ejecutivo Nacional lleva a cabo «maniobras coordinadas y convergentes con tal estrategia, filtrando, a través de las fuerzas de seguridad y el Ministerio que las conduce, información reservada de tales actuaciones judiciales».
Según indicó la exmandataria, los hechos en principio se enmarcan en los delitos de «violación de la privacidad», «abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos», además de «malversación de caudales públicos», al tiempo que requirió que se le asigne el rol de parte querellante.
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