Al menos 66 indígenas de la etnia Nasa, de los cuales 13 eran autoridades de ese pueblo originario, han sido asesinados en el departamento colombiano del Cauca, revela un informe emitido por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh).
Así lo informó el representante en Colombia de la Acnudh, Alberto Brunori, en la presentación del documento, donde el funcionario añadió que esa cifra refleja “un incremento de casi el 52%, de acuerdo al Instituto de Medicina Legal en comparación con 2018”, reseña Nodal en su sitio web.
El departamento del Cauca, señala el informe, está inmerso en la violencia generada por la disputa territorial entre diferentes grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los carteles mexicanos del narcotráfico, entre otros.
Destaca que el Cauca tienen una extensión de cultivos ilegales de coca por el orden de las 17.177 hectáreas, motivo por el cual existe tal rivalidad por el control de las tierras, según datos aportados por el centro de investigación del crimen organizado InSight Crime.
El Ejército y la policía se suman a la violencia
Por otra parte, el Ejército regular y los cuerpos policiales se suman a la violencia dirigida a los pueblos indígenas. Al respecto destaca que la oficina documentó «15 casos de presuntas privaciones arbitrarias del derecho a la vida cometidas por miembros del Ejército y la policía», de los cuales 13 ocurrieron por el uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza y dos fueron ejecuciones extrajudiciales, dijo Brunori, citado por DW.
Otro hecho que revela el estudio realizado por la Acnudh es la alianza que existe entre delincuentes y militares, dado que el 8 de abril de 2019 en el municipio de Valdivia, departamento de Antioquia, miembros de grupos criminales participaron en una operación militar oficial, en la cual los criminales portaron armas y efectuaron «acciones que son prerrogativa de las autoridades del Estado, tales como allanamientos, incautaciones y detención de personas».
Violencia contra líderes sociales
El documento emitido por la Acnudh resalta, además un total de 108 asesinatos de activistas defensores de derechos humanos, de ellos 15 mujeres y dos miembros de la comunidad LGBTI.
«El 75 % ocurrió en zonas rurales, el 86 % en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional, el 91 % en municipios con tasas de homicidios que indican la existencia de violencia endémica y el 98 % en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, de grupos violentos y de grupos criminales», especifica el informe.
Ante el panorama descrito por la Acnudh en el informe, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, instó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales colombianas a «responder de manera rápida y efectiva a las recomendaciones contenidas en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo a través de la definición de medidas concretas y coordinadas».
SI/VTActual
Paz en Colombia se desvanece por asesinato de líderes sociales