Amnistía Internacional denuncia a España por “violación de los derechos humanos” en asilos

Entre el 8 de marzo y el 1 de mayo, 5.828 personas murieron con coronavirus o síntomas compatibles en los centros de atención.

“Las residencias de ancianos no son aparcamientos para personas mayores”, expresó Estaban Beltrán, vocero de Amnistía Internacional

La falta de protección y la discriminación contra las personas mayores en las residencias de ancianos durante la pandemia de COVID-19 en España, revela que las medidas adoptadas por las autoridades para responder a la pandemia de COVID-19 en Cataluña y Madrid han sido ineficaces e inadecuadas y han violado al menos cinco derechos humanos en las residencias de ancianos, señaló un informe de Amnistía Internacional.

Hasta el 15 de noviembre de 2020, 40.749 personas habían muerto a causa de COVID-19 en España, según datos del Ministerio de Sanidad. En un primer momento, varios estudios estimaron que alrededor del 70% de las personas murieron en las casas de acogida. Actualmente, se espera que el gobierno central publique un informe, según el cual este porcentaje estaría entre el 50 y el 47 por ciento.

“En los centros de atención, se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas mayores. Además, las decisiones de las autoridades también han repercutido en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a una muerte digna”, dijo Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

La negación del derecho a la salud de las personas mayores está fuertemente vinculada a las medidas de austeridad y a la insuficiente financiación de la atención de la salud en España. El decenio de recortes sanitarios y sociales ha socavado el sistema de salud pública, deteriorando el acceso, la asequibilidad y la calidad de la atención de la salud.

Sistema de salud deficiente

Los efectos del desmantelamiento del sistema de salud pública se han dejado sentir en Madrid y Cataluña en la atención de las personas mayores en los hogares residenciales durante el pico de la primera ola de la pandemia (en marzo y principios de abril) de varias maneras: por un lado, la falta de protección del personal que trabaja allí, al que no se le proporcionó equipo de protección personal (EPP) ni pruebas de PCR.

Amnistía Internacional denuncia a España
El hecho de que la mayoría de las personas mayores vivan en residencias privadas o subvencionadas no disminuye en absoluto la obligación del Estado de garantizar la protección de sus derechos humanos.

Y por otro lado, muchos de los residentes de los centros de atención no tenían una asistencia sanitaria adecuada, estaban excluidos de las remisiones a los hospitales en general y tampoco recibían la asistencia que necesitaban en los centros de atención, a pesar de la “medicalización” anunciada por las autoridades. Además, muchos adultos en las residencias de ancianos han estado prácticamente aislados del mundo exterior y de sus familias durante semanas.

“Una emergencia sanitaria no es excusa para no proporcionar una atención adecuada a las personas mayores. Los centros de atención no son aparcamientos para personas mayores. Los derechos humanos, incluido el derecho a la salud, no pueden estar sujetos a una dependencia. Las autoridades deben protegerlos”, dijo Estaban Beltrán.

Demasiado poco, demasiado tarde

A pesar de que en los últimos meses se han producido algunas mejoras en determinadas esferas, algunas de estas preocupaciones en materia de derechos humanos relativas a las personas de edad siguen vigentes y continúan en la segunda ola de la pandemia. Las visitas familiares todavía no están totalmente garantizadas, y en la práctica siguen dependiendo de la decisión de los hogares de atención individual.

Además, las disposiciones de la normativa de los protocolos de remisión de Madrid y Cataluña, que recomiendan tratar a las personas de edad en los centros asistenciales y no trasladarlas a los hospitales, han resultado ser discriminatorias y todavía no se han modificado. Por otra parte, aún no se han adoptado medidas adecuadas para reforzar la dotación de personal para atender las necesidades que puedan surgir ante los riesgos de una alta presión en la atención sanitaria.

Pronunciamiento

“No nos preparamos adecuadamente, creemos que había información científica de otros países para comprender la importancia y la gravedad de la situación”, explica el vicepresidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), quien también afirma que “creemos que si se hubieran tomado medidas antes, habrían permitido evitar la propagación del virus a muchos centros asistenciales con tanta rapidez”. Deberíamos haber podido avanzar en la información, en la formación de los equipos, deberíamos haber estado de alguna manera mejor preparados”.

Las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma de Madrid y el Gobierno de Cataluña (Generalitat) se desarrollaron y aplicaron de manera ineficaz y no proporcionaron un acceso adecuado a los servicios de salud a las personas mayores que vivían en los hogares de atención. La Comunidad de Madrid y la Generalitat adoptaron medidas diferentes, de manera desigual y sin criterios claros de intervención o éxito de las mismas y fracasaron en su aplicación.

Además, ninguna de las dos administraciones adoptó medidas alternativas para garantizar una asistencia médica adecuada a los residentes de las residencias de ancianos. La falta de respuesta de las autoridades está en contradicción con el tremendo esfuerzo realizado por el personal de los centros de salud y de atención médica durante estos meses, a pesar de las medidas ineficaces y la falta de recursos. Gracias a su incansable esfuerzo y dedicación, la situación de muchas personas mayores en los centros de atención ha sido más humana y, en algunos casos, han podido recibir una mejor atención.

Personal desprotegido y sin recursos

El virus se propagó muy rápidamente en las casas de acogida porque los cuidadores están en contacto constante con los residentes de las casas de acogida y no tenían protección. Esta falta de protección también provocó un gran número de bajas del personal, lo que ha tenido repercusiones en la atención de las personas mayores en los centros asistenciales y en la gestión de la atención de la salud.

Diana, trabajadora de una residencia pública de Madrid, dice que cuando comenzó la pandemia a mediados de marzo, “como no nos daban EPI, decidimos hacernos nuestros propios EPI, por fortuna o por gloria, vestidos con bolsas de basura, mallas, gorros de plástico… no teníamos ningún tipo de protección”.

Se viola el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación

La decisión práctica de no remitir a los ancianos enfermos a los hospitales se aplicó en general de manera automatizada, de forma generalizada, sin realizar evaluaciones individuales. En Madrid y Cataluña, esta práctica se llevó a cabo mediante diferentes mecanismos de selección. Había residentes que necesitaban atención médica y que no podían acceder al tratamiento adecuado de posibles COVID-19 u otras patologías que padecían en el hospital o en la residencia, a pesar de lo que anunciaban las autoridades.

En ambas Comunidades Autónomas hubo momentos en que no se produjeron ingresos hospitalarios, y las pocas derivaciones que se produjeron fueron la excepción y, a veces, fatalmente tardías. Esta discriminación atenta gravemente contra sus derechos. Amnistía Internacional también ha recogido testimonios que muestran los obstáculos que también existían por parte de los servicios de emergencia para el transporte sanitario (SUMMA y SEM).

“La combinación de la falta de personal, recursos y el aislamiento forzoso en las residencias de ancianos debido a la sospecha de COVID-19 produjo un claro deterioro en sus cuadros de salud, no sólo físico sino también emocional. Hemos documentado casos de residentes de hogares de cuidado que llegaron al hospital sufriendo de deshidratación y desnutrición, en muy mal estado”, dijo Estaban Beltrán.

Se niega el derecho a la vida privada y familiar y a una muerte digna

En el punto álgido de la pandemia, los residentes de los centros de atención fueron confinados a sus habitaciones durante largos períodos, a veces durante varias semanas seguidas. La restricción resultante del confinamiento de facto en los hogares de atención, acompañado en la mayoría de los casos de un bloqueo en sus habitaciones por un período indefinido, sumado a la falta de supervisión efectiva por parte de las autoridades nacionales (Ministerio Público) y regionales (servicios de inspección), hizo que se violaran los derechos a la vida privada y familiar de las personas mayores simplemente debido a su lugar de residencia.

Elena Valero perdió a su padre en marzo en una casa de acogida en Madrid. “No fue remitido a un hospital a pesar de estar gravemente enfermo. Estuvo muriendo durante cuatro días. Desesperada, hablé con el médico para que me remitiera, pero el médico me dijo que les habían prohibido remitir a los enfermos a los hospitales de las residencias, que sólo podían ponerle oxígeno y paliativos hasta que su cuerpo pudiera soportarlo. Fue horrible porque vivo a 300 metros de la casa de cuidados y cada vez que miraba al balcón era terrible saber que mi padre se estaba muriendo tan cerca y no podía tomarle la mano para despedirme de él”.

Exigen medidas respetuosas

Amnistía Internacional señala que es urgente tomar las medidas adecuadas para superar esta segunda ola. En este contexto, y ante la segunda oleada de la pandemia, las autoridades, en particular en Madrid y Cataluña, deben tomar medidas urgentes para que cualquier decisión de lucha contra la pandemia respete los derechos humanos, en particular los derechos a la vida, a la salud y a la no discriminación de las personas mayores que viven en centros de acogida.

A corto plazo,  reiteran que las comunidades autónomas deben garantizar que las decisiones sobre la asistencia sanitaria en los centros hospitalarios se tomen sobre la base de evaluaciones individuales. Las disposiciones de los protocolos de remisión de Cataluña y Madrid que puedan dar lugar a medidas discriminatorias deben ser eliminadas ahora. Además, debe garantizarse el contacto regular entre los familiares y los residentes de los centros asistenciales.

A más largo plazo –dice el informe- el Gobierno debe impulsar una ley nacional que establezca una norma para las residencias de ancianos que garantice los derechos de las personas de edad que viven en toda España. Asimismo, el Ministerio Público, y en especial el Fiscal de la Cámara de Protección de los Discapacitados y los Ancianos, debe vigilar de cerca la situación de las residencias de ancianos e impulsar investigaciones de rendición de cuentas cuando se produzcan abusos o irregularidades. También es necesario un compromiso decidido con el sistema de salud pública para garantizar la igualdad, lo que significa una mayor inversión de recursos.

Amnistía Internacional ha puesto en marcha una acción en la web dirigida a las Consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales de las Comunidades Autónomas en su centro de activismo en línea www.actuaconamnistia.org para garantizar la aplicación urgente de medidas concretas para proteger los derechos humanos de las personas mayores que viven en hogares de acogida.

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