Pocos saben que en México el aborto inducido es permitido en casos de violación. Tampoco conocen que — en muchos de sus estados — las mujeres que ven interrumpidos sus embarazos pagan penas de cárcel. Es casi un secreto que las leyes sobre el aborto legal en Ciudad de México (2007) y Oaxaca (2019) —junto con las de Cuba — son consideradas las más avanzadas de Latinoamérica.
Las organizaciones feministas están luchando para que las legislaciones de Ciudad de México y Oaxaca se extiendan al resto del país. En contraste, los grupos conservadores logran que aumenten las sanciones penales, los maltratos y el estigma social contra las mujeres que abortan en el resto de las regiones. En fin, todo un “tira y encoge”.
El aborto legal en México
El aborto se considera legal en todos los códigos penales estatales en casos de violación y todos — salvo los códigos de Guanajuato y Querétaro — lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la mujer. Trece de los treinta y dos estados extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves. Por su parte, Yucatán incluye, desde 1922, factores económicos cuando la mujer ya ha dado a luz a tres o más niños.
En otras palabras, el aborto en México es legal cuando se da por las causales contempladas en la ley y cada estado determina cuáles de ellas acepta. Estas son:
- El embarazo es producto de una violación (aplica a los 32 estados de México)
- La continuación del embarazo afecta la salud de la mujer
- El embarazo pone en riesgo la vida de la mujer
- El producto presenta alguna malformación congénita grave
- El embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer
- Si el aborto fue provocado de manera imprudencial, es decir, por accidente
- Cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo
- Por libre decisión de la mujer
No obstante, en la práctica, son pocos los estados que facilitan el aborto inducido en los casos contemplados por la Ley ni procesan a los médicos que ofrecen abortos clandestinos.
Ciudad de México y Oaxaca a la vanguardia
En Ciudad de México la interrupción voluntaria del embarazo es legal desde 2007. El sistema público de salud garantiza de manera gratuita y segura este procedimiento. En el caso de la causal por libre elección de la mujer se puede ejecutar hasta las 12 semanas de gestación. Oaxaca la incorporó en 2019.
Aunque el aborto por libre elección de la mujer es legal sólo en estas dos localidades los hospitales públicos — así como las clínicas privadas — ofrecen la atención también a las mujeres que provienen de otros estados de la República, o incluso de otros países.
El revés de Veracruz
El juez federal de Xalapa — capital del estado de Veracruz — Juan Luis González Alcántara, presentó un amparo para reformar el Código Penal Estatal que eliminaría las sanciones contra las mujeres que deciden abortar.
La legislación actual de esta dependencia sólo reconoce el derecho de abortar en casos de violación, peligro de muerte para la madre o por malformación del feto. Sin embargo, castiga con prisión de seis meses a cuatro años a quienes efectúen el procedimiento sin cumplir con estos requisitos.
Debido a las presiones de los grupos conservadores la propuesta fue rechazada el pasado 29 de julio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esto desató manifestaciones de repudio por parte de las organizaciones feministas, además de personalidades de la política y de la farándula.
Aborto legal en casos de violación: un camino tortuoso
A pesar de su legalidad en todo México, los médicos y los hospitales son el principal obstáculo para que las víctimas de violación aborten, incluso si son niñas. Un ejemplo es el caso de Fabiola, residente de Baja California, quien compartió su historia con un medio mexicano.
El 27 de julio de 2019, Fabiola descubrió que su hija de 11 años tenía 13 semanas de gestación producto de los abusos sexuales de su padrastro. Gracias a una doctora, ese mismo día supo que el aborto en caso de violación es legal en todo México. Le habló de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM) y le dio el teléfono del Ministerio Público para que denunciara el delito.
Una vez — con la orden de las autoridades en la mano — que llegó al hospital el personal médico la culpó por lo ocurrido a su hija. También sembraron en ella la creencia de que las mujeres mueren desangradas durante los abortos. Posteriormente, un ginecólogo se negó a hacer el procedimiento alegando ser un “objetor de conciencia”. En otras palabras, sus principios éticos no se lo permitían. Apareció otro médico que sí podía realizar el procedimiento pero advirtió que no había anestesiólogo disponible.
Las autoridades sanitarias locales y federales intervinieron en el caso gracias a la mediación de tres mujeres: la trabajadora social, la psicóloga del hospital y una agente del Ministerio Público. Fabiola aseguró que el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, pidió que resolvieran el caso en favor de la menor.
Trasladaron a Fabiola y a la niña a un hospital de otra ciudad. Allí una ginecóloga realizó el aborto sin contratiempos. Después un empleado del hospital le preguntó si quería llevarse al producto para darle “santa sepultura o donarlo para no sé qué”.
Criminalización de los abortos espontáneos
Verónica Cruz, de la ONG Las Libres asegura que entre 2000 y 2017 más de 4 mil 200 mujeres han sido perseguidas judicialmente, algunas pagando con prisión, por abortar en México.
«Después de la despenalización del aborto en Ciudad de México (2007-2008) se dispararon los números de criminalización (en los estados). Lo más grave no está en el sistema de justicia, sino en los hospitales públicos, donde el personal médico llama a la Fiscalía cuando tiene un aborto en evolución», explica Cruz a la AFP.
Testimonios
Cuando Susana Dueñas tenía 19 años tuvo un aborto espontáneo en su Guanajuato natal. Relata que la llevaron a un hospital público. Una trabajadora social la visitó y la condenó. «Tu tuviste un bebé, lo tiraste, lo mataste”. La detuvo la Fiscalía y cayó en una trampa usual: firmar una hoja en blanco creyendo que la dejarían libre. Pero llenaron el documento con «su declaración» de que se había provocado un aborto. El cargo: homicidio en relación de parentesco.
La condenaron a 25 años de prisión, donde vivió un «infierno» con reclusas y guardias que la tildaban de «asesina». Gracias a otras mujeres condenadas por aborto conoció a Las Libres, que consiguieron liberarla.
Martha Méndez tenía 18 años cuando se embarazó. Dos días después de confirmar su estado sufrió un repentino sangrado y fue a un hospital público. Allí le confirmaron que era un aborto y comenzó un espiral de maltratos por parte del personal sanitario.
«Llegó una enfermera con el feto muerto y me lo da (puso) en la cara y me dice ‘pídele perdón porque lo mataste’. Cuando me hacen eso terminas de sellar (aceptar) la culpa, crees ‘algo hice'», recuerda.
En el hospital le pusieron nombre al feto y la obligaron a darle «cristiana sepultura». Después, quedó detenida. También quisieron aplicarle la de «firmar un papel», esta vez con su declaración tergiversada. Asesorada por Las Libres, logró su libertad en unas horas.
La propuesta de Morena
El partido gobernante, Morena, presentó una iniciativa a nivel nacional para despenalizar el aborto a las 12 semanas de gestación que contempla su realización en hospitales públicos federales. Asimismo alentaría a los estados a reformar sus códigos penales. Actualmente el proyecto se ha estancado en el Congreso debido a la presión de los grupos conservadores.
Enza García Margarit/VTactual.com
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