Muchas ONG involucradas directamente en hacerle frente al gobierno turco e incluso Amnistía Internacional han volcado sus mayores esfuerzos en tratar de situar el foco de atención internacional sobre Turquía, donde once defensores de los derechos humanos detenidos en julio en Estambul se sentarán en el banquillo. Esta vez, son los mismos 11 activistas –acostumbrados a defender a otros- los que deberán rendir cuentas ante la justicia turca.
La directora de Amnistía Internacional en Turquía, Idil Eser, y el presidente, Taner Kilic, se encuentran entre los encausados.
En concreto, la fiscalía de Estambul les atribuye el delito de intentar convertir la «Marcha de la Justicia» -organizada este verano por el partido socialdemócrata opositor CHP- «en actos que incluían violencia similar a la de los incidentes del parque de Gezi, e incidentes que iban a sembrar el caos en la sociedad». Por ello, se les pide penas que podrían llegar hasta los 15 años de cárcel. Los acusados, por su parte, defienden que se encontraban manteniendo un taller sobre seguridad digital y gestión de la información en la isla turca de Büyükada.
«Estos juicios serán una prueba de fuego para el sistema de justicia turco y demostrarán si defender los derechos humanos se ha convertido en delito en Turquía», ha manifestado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional en Europa. «Desde el momento de sus detenciones, es evidente que estos procesamientos se han decretado por motivos políticos, con objeto de silenciar las voces críticas dentro de Turquía», ha señalado Dalhuisen en un comunicado, donde Amnistía tilda de «juicio espectáculo» el proceso al que se enfrentan los activistas.
Taner Kilic, que fue detenido antes que el resto, es acusado además de «pertenencia a la Organización Terrorista Fetulá Gülen» y será juzgado por separado este jueves en la localidad turca de Esmirna. Se le atribuye el delito de descargar y utilizar la aplicación de mensajería ByLock, empleada principalmente por el movimiento Gülen. Amnistía, que ha investigado las incriminaciones mediante dos análisis periciales del teléfono de Taner, determina que «no hay rastro alguno de que ByLock haya estado instalado alguna vez en el aparato».
Presión internacional
En los últimos días, Amnistía Internacional ha incrementado la presión sobre Turquía para conseguir la absolución de los encausados. Se han celebrado distintas manifestaciones y, al mismo tiempo, gobiernos europeos –Alemania, Austria, Bélgica, Irlanda y España-, instituciones y figuras políticas –incluidos miembros del Parlamento Europeo y funcionarios de la ONU, entre otros-, se han volcado en la defensa de los activistas y han instado a su liberación