Hace exactamente un año, un apagón producto de un saboteo eléctrico, una serie de ataques contra el sistema nacional de energía, puso a pasar penurias a la población venezolana.
El día jueves 7 de marzo de 2019, la nación quedó sumida en un blackout que no sólo afectó el uso de las bombillas y aparatos cotidianos, sino que también la llegada de agua a los grifos, que en muchos casos requiere de electricidad para arribar a los hogares, y por supuesto las telecomunicaciones: ya no había señal en los teléfonos móviles ni fijos, ni siquiera Internet en dispositivos o computadoras para saber lo que pasaba, para conectarse con el mundo.
Así se mantuvo el país durante más de 24 horas, y una vez repuesto el servicio, otro nuevo ataque recrudeció la situación y obligó a las autoridades a reforzar las labores para restituir las actividades habituales, entre cortes intermitentes y nuevos intentos de saboteo eléctrico.
El Gobierno venezolano llegó a señalar a EE.UU. y a factores de la extrema derecha venezolana de promover un ataque cibernético al cerebro computarizado de la central hidroeléctrica Guri, ubicada al sur nacional, en el estado Bolìvar, desde donde se supervisa y controla el 80% de la energía que consume todo el país.
No obstante, y a pesar de los esfuerzos por restablecer el fluido eléctrico aún con fallas, el día 25 de marzo llegó nuevamente la oscuridad total. La dinámica de los días previos se repitió en Caracas y, en peores circunstancias, en el interior del país.
A un año del saboteo eléctrico, aún se desinforma
Lo cierto es que diversas agencias informativas han recordado los hechos de hace 12 meses y afirman que la normalidad nunca volvió a algunas regiones, que “desde entonces experimentan problemas en el servicio de energía y han tenido que sobrellevar las consecuencias, como la falta de combustible y dificultad para completar transacciones que requieren Internet”, señala un diario de alcance regional a través de su página web.
Otro diario de Carabobo (región central del país) lleva la cuenta aún más allá y señala: “Solo en 2019, el país con las mayores reservas de petróleo registró 87 mil 610 fallas eléctricas, lo que arroja un promedio de 240 cortes por día, según las cuentas del llamado “comité de afectados por los apagones”. Entre enero y febrero de este año se registraron 10 mil 210 cortes”.
Si bien todos esos problemas no son atribuibles a las fallas eléctricas de aquel momento, sí se ha determinado que la derecha sigue intentando colapsar el tendido nacional, porque con ello puede endilgar la culpa al Ejecutivo bajo sus dos razones favoritas: la supuesta falta de inversión estatal y la falta de mantenimiento acumulada.
No es cierto que no haya habido inversión
Hubo expertos y medios que dijeron que el sistema eléctrico era analógico, por lo tanto nada susceptible a ataques electromagnéticos o cibernéticos, o que no se invierte en el sector desde hace más de 20 años.
Sin embargo, sólo hasta 2014, y cuando la situación económica permitía grandes inversiones en el país –aún no se había implementado el bloqueo ni las sanciones unilaterales de EE.UU. contra Venezuela- el Ministerio de Energía Eléctrica registró un total de 72 mil 790 millones de bolívares para financiar la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.
Estamos hablando de un período en el que el bolívar como unidad monetaria tenía gran contundencia y estabilidad y el barril de petróleo se ubicaba por encima de los 60 dólares.
Lo cierto es que, para hacer frente a la crisis de 2019, el Gobierno debió declarar la emergencia en el sector eléctrico, militarizar las estaciones y aplicar medidas de racionamiento.
La situación la aprovecharon las ONG y aliados de la derecha política y mediática para posicionar algunas matrices: en primer lugar, las pérdidas económicas de los ciudadanos, especialmente en el reglón de los artefactos dañados, que algunos tasan en más de 20 millones de dólares.
Además, resaltan los números que esgrime el sector comercial y de los servicios: el país perdió hasta 200 millones de dólares por día, de un total de 10 que duró la crisis eléctrica.
El contexto favorito de la derecha: la desatención
En medio de un saboteo eléctrico como el de marzo de 2019, la población pierde toda esperanza. Con apagones que duran en promedio unas 12 o 14 horas, es fácil llegar a pensar que no habrá solución al problema, que no hay manera de que todo vuelva a la normalidad y que el Gobierno o el Estado desoyen los llamados. Se genera la sensación de que la desatención campea.
Es por ello que los enemigos del chavismo juegan a repetir las condiciones del blackout y, de hecho, lo han intentado para conmemorar la fecha.
Nada menos este 5 de marzo, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), empresa que administra el servicio de energía en todo el territorio venezolano, denunció que un par de actos de saboteo eléctrico ocasionaron una falla en la transmisión del servicio en Caracas y el suroccidente del país.
La avería afectó unos 16 sectores de la capital, lo que obligo a la suspensión del transporte subterráneo Metro de Caracas –el más importante de la ciudad y que la recorre por completo de oeste a este- durante varias horas.
Se realizaban esfuerzos, este viernes 6, para la recuperación total del sistema, ya que “el sabotaje se realizó contra las líneas de alta tensión”, especialmente en una de 230KV que alimenta la transmisión hacia el suroccidente.
Zulia y Táchira, ¿casos aparte?
Y mientras algunos sectores extremistas tratan de copiar la receta en 2020, la hegemonía mediática se regodea en la difícil situación de estados como Zulia y Táchira, en el occidente y suroccidente del país.
Hablan de que el estado Zulia se ha llevado la peor parte, con una sumatoria de 5 mil horas sin electricidad, “unos siete meses a oscuras”, lo que ha ocasionado una ola migratoria sin precedentes hacia otros estados, donde la luz falla menos y la temperatura es inferior a los 30 grados centígrados, incluso hacia otros países.
Es su caso de estudio favorito al momento de atacar al Gobierno venezolano, al momento de hablar de DDHH y de solicitar una intervención extranjera en el país. Sin mencionar, claro está, el tema de los presos políticos –que lo que hay es políticos que cometieron delitos comunes y por los cuales están privados de libertad- o de la atención hospitalaria –para lo que obvian señalar que las sanciones de Washington impiden la entrada de insumos, medicinas y equipos al país, o que gracias a ellas han retenido en el mundo casi 40 mil millones de dólares que pertenecen a Venezuela.
Y se desviven por entrevistar a patronales como Fedecámaras, de clara tendencia antichavista, que resalta pérdidas de mil millones de dólares en la entidad zuliana, además de saqueos contra 600 comercios y la pérdida de 2 mil puestos de trabajo, según las estimaciones del presidente regional de la asociación empresarial, Ricardo Acosta.
Nunca hablan del sabotaje de EE.UU. contra el país, o de las sanciones que solicita la Asamblea Nacional opositora contra su propia nación por el mundo.
FF/VTactual.com
El saboteo a los servicios públicos está de moda en Venezuela