En medio del confinamiento debido a la pandemia del Covid-19 – que para la fecha cuenta con más de 2.800 contagios confirmados y 124 fallecidos – el Senado de Puerto Rico aprobó el pasado 11 de mayo el proyecto de ley que establecería el Nuevo Código Civil de la isla caribeña. El mismo contó con el respaldo de la mayoría del gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP), y el rechazo de las minorías del Partido Popular Democrático (PPD), el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el independiente José Vargas Vidot.
El mencionado documento legal ya había sido cuestionado previamente por innumerables personas y organizaciones que consideran que representa un retroceso sobre los derechos adquiridos como los relacionados con la mujer y la comunidad GLBT+, algo a lo que también hicieron referencia los senadores que se opusieron al mismo durante sus turnos de debate. Los parlamentarios disidentes también criticaron que el proyecto se llevara a votación sin haber celebrado vistas públicas en el Senado, sin la participación de público y sin un debate que permitiera el aporte de las partes interesadas.
El portavoz de la mayoría penepista, Carmelo Ríos, y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendieron el proceso asegurando que todos los interesados habían tenido suficiente tiempo y oportunidades para participar en el debate y, además, afirmaron que el nuevo Código Civil no le quita derechos a ninguna persona o grupo:

“No hay un solo puertorriqueño, un solo grupo, que haya querido participar de la discusión y se le haya negado. Lo que no puede ser es que todas las opiniones se incluyan, porque hay posiciones encontradas. Lo que puedo asegurar que no se violan los derechos de nadie, ni de las mujeres, ni de los homosexuales, ni de los cristianos. No se violan los derechos de nadie. Vamos a actuar con el mejor ánimo, la mejor buena fe, para mejorar la vida de todos los puertorriqueños” Rivera Schatz.
El controversial proyecto de ley fue enviado a La Fortaleza para la evaluación y firma de la gobernadora Wanda Vázquez, quien anunció su revisión junto a la secretaria de Justicia Dennise Longo Quiñones. El resultado de la misma “lo dejará saber por medio de un mensaje”. De tener el visto bueno, la pieza legislativa indica que entraría en vigencia 180 días después de ser firmado por la Gobernadora.
Las organizaciones civiles y la farándula se pronuncian
El Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE), junto a más de 70 organizaciones civiles y profesionales de Puerto Rico se manifestó en contra de la discusión sin vistas públicas y posterior aprobación de este instrumento legal afirmando que «Reconocemos que el país necesita un nuevo Código Civil pero esto que están tratando de aprobar no es bueno, ni razonable ni jurídicamente correcto. Será un generador de injusticia y caos y eso es lo menos que necesitamos añadir a nuestra vida individual y colectiva en este año 2020»
En un país con un sistema bipartidista en crisis y un establecimiento político desprestigiado – gracias a un largo historial de ineficiencia y corrupción – la farándula se ha convertido en el principal vocero y movilizador de las protestas populares. Con la etiqueta #DileNoalCógidoCivil varias figuras de la música y el entretenimiento han expresado su sentir:

Ante estos pronunciamientos el Presidente del Senado, Thomas Rivera Shatz, saltó al ruedo afirmando: “Ninguno de esos grupos, además de gritar y de disociar pueden decir específicamente, el derecho tal se eliminó porque estarían mintiendo”
Opinan los expertos
El abogado José Lamas, presidente de la Comisión de Derecho Civil del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, planteó que la gobernadora debe vetar el proyecto ya que contiene varias disposiciones confusas que podrían limitar derechos a las personas: “Es bien importante tener en cuenta que este Código que se aprobó ahora y que ha sido ratificado por las dos cámaras es muy distinto al proyecto que se presentó inicialmente en la Cámara de Representantes [en 2018]»
En cuanto a la maternidad subrogada Lamas considera que el proyecto no incluye detalles sobre cómo se regulará dicho proceso. También objetó que la nueva versión del Código Civil podría limitar el derecho de hogar seguro que tienen los menores en un proceso de divorcio. Previo a las enmiendas que introdujo el Senado, el Código Civil establecía que el menor permanecería en el hogar donde vivía con sus padres antes del divorcio, aunque dicha propiedad fuese privativa de uno de los cónyuges. Asegura que el Senado eliminó dicha disposición y deja en manos de un tribunal determinar cuál será el hogar seguro del menor.
Este experto también se opone, entre otras cosas, a la forma en que quedó redactada la disposición que regula la modificación de género. Aseguró que podría provocar confusión ya que mantuvo el lenguaje que ordena a una persona a que acuda a un tribunal y no como el proceso requiere actualmente de acudir al Registro Demográfico para completar el trámite.
El exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Efrén Rivera Ramos, también se pronunció asegurando que el Código Civil fue aprobado en la Legislatura en el escenario menos adecuado: el confinamiento por la pandemia de Covid-19 que impide que la gente se manifieste en las calles: “Se introducen enmiendas sustanciales en el Senado, la Cámara concurre sin que haya habido oportunidad para que diversos sectores se expresen sobre el contenido y muchas personas no han tenido acceso a las enmiendas propuestas. Eso, en sí mismo, es un defecto sustancial”.

Los defensores del proceso utilizado para aprobar este cuerpo de leyes sostienen que el Código Civil fue discutido por más de 20 años y que siempre está disponible la vía de los tribunales para cualquier ciudadano que desee retar su contenido, a lo que el Rivera Ramos responde: “Esa recomendación de que quien tenga una objeción que vaya al tribunal es irresponsable. Les toca a los legisladores atender el asunto y no colocar la carga sobre el ciudadano”
Por su parte, el profesor de Derecho de la Universidad Interamericana, Luis Rafael Rivera, quien llegó a formar parte de la Comisión Conjunta para la Revisión del Código Civil, manifiesta que el proyecto recién aprobado carece de un “proceso de articulación”: “El proceso final requería una revisión total para armonizar los artículos con la legislación especial. Había que determinar cuál legislación tendrá que ser derogada o enmendada o, incluso, si hace falta legislación nueva. Así no se terminan las cosas”.
Con el paso de los días la polémica generada por el nuevo código civil se fue apagando gracias al anuncio de la celebración el próximo 3 de noviembre de un nuevo referendo consultivo sobre si los puertorriqueños desean o no la estadidad. Así, mientras los boricuas se quejan del despilfarro de recursos en una consulta no vinculante y debaten sobre abstenerse o no de asistir a las urnas el tiempo va pasando… Y la gobernadora podría firmar el nuevo código civil “entre gallos y medianoche”.
Enza García Margarit/VTactual.com
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