Con una semana de retraso comenzará este martes en España el histórico proceso contra 12 líderes independentistas de Cataluña, por su participación en el intento secesionista de octubre de 2017, en medio de una severa crisis política que es considerada la peor desde el establecimiento de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.
En el proceso, cuyo arranque se esperaba para el 5 de febrero, los acusados enfrentarán la petición de la fiscalía que exige penas de prisión de hasta 25 años por cargos de rebelión y malversación de fondos, y desobediencia.
Los acusados califican el juicio como «una farsa» y denuncian la larga prisión preventiva a la que se han sometido nueve acusados. La portavoz del Gobierno español Isabel Celáa aseguró, por su parte, que «será un juicio con todas las garantías. Este es un país social y democrático de derecho absolutamente contrastado, homologable a todos los países del entorno».
El proceso puede tener consecuencias para la continuidad del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez, quien controla menos de una cuarta parte de la Cámara baja y necesita los votos de los partidos independentistas catalanes ERC y Pdecat para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.
Ambos partidos adelantaron que no respaldarán los presupuestos, lo cual podría obligar a Sánchez a adelantar las elecciones generales para este año, programadas originalmente para mediados de 2020.
YBV