Nuevamente el Congreso de EE.UU. reafirma su posición de rechazo contra una intervención militar y el uso de la fuerza en Venezuela, pero no afloja el mazo de las sanciones y pide más «esfuerzos» de #DonaldTrump, a través de un acuerdo al que llegaron los líderes de ambas Cámaras.
Pero esta posición no necesariamente indica que Venezuela haya dejado de estar el mira del águila estadounidense, porque en su comunicado conjunto, los congresistas estadounidenses, rechazan la agenda violenta que por muchos meses impulsó #DonaldTrump, pero siguen apostando por la salida del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pero negociada.
Y esta ha sido la posición que ha asumido el gobierno de Donald Trump en los últimos meses, en los que ha dejado un poco de lado su apoyo a las posiciones extremas contra el país, y en general Venezuela ya no parece estar sobre su «mesa».
De hecho aquel apoyo de antaño, en el que el mismísimo #DonaldTrump llamaba a los venezolanos a manifestar en la calle y que defendía a Juan Guaidó, hace meses que ya no sucede, en el medio del proceso de juicio político en el que está inmerso el republicano por otra decisión de su política exterior, pero en Ucrania.
Según reseña la agencia AP, el referido proyecto de ley, que deberá ser ratificado por el inquilino de la Casa Blanca estipula que “es política de los Estados Unidos apoyar el compromiso diplomático para avanzar en una solución negociada y pacífica a la situación política, económica y humanitaria de Venezuela”.
Del dicho al hecho
Una cosa es lo que se dice, y otra lo que se hace, porque este mismo proyecto de ley asigna fondos para seguir interviniendo en Venezuela, que incluye 17,5 millones de dólares para una «misión de observación electoral» de la Organización de Estados Americanos (OEA) y para «apoyar a la sociedad civil«.
Además, otros 400 millones de dólares irán para «asistencia humanitaria» dentro de Venezuela y para «una respuesta regional más fuerte a los refugiados y migrantes venezolanos».
Pero la presión no acaba allí, porque los legisladores también proponen que los parientes adultos de los miembros del Gobierno sancionados unilateralmente por EE.UU. no puedan obtener una visa de ingreso al país y exigen que la Casa Blanca presente un informe de sus «esfuerzos» para ampliar el paquete de sanciones contra Venezuela por parte de gobiernos de Latinoamérica y Europa.
MMMV/VTactual
