Puigdemont gana una polémica batalla

La justicia del Reino de España rechazó las querellas contra la juez belga que admitió la demanda civil contra el magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido la causa del procés, Pablo Llarena, el expresidente catalán Carles Puigdemont, el abogado de éste Gónzalo Boye, los cuatro ex consejeros fugados.

La denuncia en su momento fue presentada por el partido político Vox y la asociación de juristas Movimiento 24DOS, les atribuían los delitos de prevaricación, usurpación de funciones, falso testimonio y falsedad documental, contra la paz e independencia del Estado español y usurpación de funciones.

El Ministerio Público, tras realizar un análisis del recurso determinó que la jurisdicción española «no es competente para conocer los hechos» y también considera que «no concurren los elementos de los delitos indicados«.

Sin embargo, consideran que no se darían los delitos denunciados. En el caso de la ampliación de la traducción que se presentó en Bélgica, ve que hubo más bien un error de traducción que una intención, pues «la deficiencia de la traducción fue rectificada incluso antes» de que se citase a Llarena, explican, por lo que no habría falsedad documental ni estafa procesal.

Con respecto al rechazo a la existencia de los delitos de falsedad documental y estafa procesal, la fiscalía indicó que «resultaría ciertamente increíble la actuación dolosa de una demanda dotada de publicidad internacional por los propios demandantes, sobre la base de unas declaraciones públicas del demandado y pensar que la intención de los querellados fuese presentar una traducción falsa que confundiese al Tribunal belga«.

NP

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