En Puerto Rico se debate quitar beneficios a los trabajadores

Tras dos meses de discusiones en Puerto Rico sobre la Ley 80 (que protege a los trabajadores de los despidos injustificados) el gobernador de la isla, Ricardo Rosselló Nevares, anunció que convocará a la Asamblea Legislativa a una sesión extraordinaria para que dé el visto bueno y dejar de una vez derogado dicho texto legal.

Para el gobernador esa acción dejaría atrás la crisis “para encaminar a Puerto Rico hacia su recuperación económica”.

Hay que recordar que previamente la Junta certificó un nuevo Plan Fiscal con un presupuesto que contiene mayores recortes y pone en riesgo algunos beneficios para los trabajadores, los pensionados y los fondos para servicios esenciales.

Medios locales denuncian insistentemente que la aprobación de la Reforma Laboral y la reciente enmienda de la Ley 80 debilitan el marco legal que protege al trabajador puertorriqueño.

Y es que los analistas aseguran que la eliminación de derechos laborales a los empleados, como respuesta a la crisis económica y fiscal que atraviesa Puerto Rico, se ha convertido en un lugar común de la Administración de Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal.

No es un dato menor que la falta de trabajo en Puerto Rico, que se manifiesta en una tasa de desempleo cercana al 11%, hace que el motivo principal para irse a Estados Unidos sea obtener un empleo.

Sin embargo, la Junta de Control Fiscal sostuvo como argumento que la existencia de leyes protectoras de los derechos y beneficios del trabajador provoca que los empleadores decidan no abrir nuevas plazas de empleo en favor de su rentabilidad económica.

En contraposición, un análisis del Center for Economic and Policy Research (CEPR), un grupo de estudio en Washington, puso en duda que la derogación de la ley 80 genere un aumento en puestos de trabajo. Por el contrario, consideró que incrementará la emigración de trabajadores.

El secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra, defendió la derogación de la Ley 80 y argumentó que existen otras protecciones para los empleados.

Agregó que otras jurisdicciones de Estados Unidos no cuentan con legislación como la debatida ley.

ER

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