Alerta Nacional en Puerto Rico por violencia machista

Tras las presiones ejercidas por diversas organizaciones feministas, el pasado 4 de septiembre la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez, declaró un estado de alerta nacional para atender las manifestaciones de violencia machista en la colonia estadounidense.

Los movimientos feministas de Puerto Rico salieron a las calles a exigirle a la Gobernadora que declarara Emergencia Nacional por el alto índice de feminicidios en la isla

Esta medida obligaría la integración de todas las entidades públicas y privadas involucradas de modo que todas reaccionen de manera «proactiva, diligente y con sentido de urgencia» ante esta situación y rindan cuentas ante el cumplimiento fiel y estricto de las leyes y reglamentos promulgados a tono con la política pública de no violencia contra las mujeres.

Una medida polémica y poco satisfactoria

Las representantes de los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres quedaron con un sabor agridulce en la boca debido a que consideran que la situación en Puerto Rico amerita la declaración de una Emergencia Nacional. Sin embargo, Vásquez asegura que eso no haría una diferencia sustancial en las acciones a tomar por parte del Estado.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, manifestó su desacuerdo con la acción ejecutada por la Gobernación alegando que podría ser perjudicial para el Gobierno ante la falta de recursos necesarios para ejecutarla. Considera que ante la grave crisis económica que enfrenta la isla, existen otras prioridades que atender.

Thomas Rivera Schatz arremete contra la Gobernadora Wanda Vásquez asegurando que «los discursos floridos y los sí constantes no son una manera inteligente de gobernar. Se tienen que establecer prioridades»

Algunas cifras sobre Violencia de Género en la Isla del Encanto

Puerto Rico cuenta con una población total de 3.660.220 habitantes. En 2014 el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL publicó – basándose en las cifras oficiales – que 2,3 de cada 100.000 mujeres son asesinadas por razones de género. Una cifra preocupante para un territorio tan pequeño.

A nivel local, las estadísticas de la Procuradora de la Mujer, en  la sección Informes Especiales, arroja que entre los años 2009-2014 se atendieron 447.261 casos de violencia doméstica, al amparo de la Ley 54 de 1989 también conocida como Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Si fraccionamos la cifra presentada por la Procuradora de la Mujer entre los 24 años transcurridos desde la creación de la Ley 54, obtenemos una cifra de 18.635 casos anuales de violencia machista

Los datos más recientes se encuentran en la página web de la Policía de Puerto Rico que tiene registrados – bajo la categoría de violencia de género – más de 1.385 feminicidios en el primer trimestre del año. La sección  de delitos sexuales refleja que en el 2018 se presentaron 974 querellas por parte de mujeres.

Estadísticas fragmentadas

De acuerdo con un trabajo del Centro de Periodismo Investigativo una de las razones de las lagunas en la información sobre los índices de violencia machista se deben a que tres agencias gubernamentales diferentes recogen los datos sin ningún tipo de coordinación entre sí.

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres registra las solicitudes de servicios de violencia doméstica y las llamadas a su línea directa. La Policía rastrea los informes de incidentes de agresión sexual y violencia doméstica en persona y por teléfono. Mientras que los tribunales reciben los casos penales y el número de órdenes de protección presentadas.

La Directora Ejecutiva del Proyecto Matria, Amarilis Pagán Jiménez, declaró para el Centro de Periodismo Investigativo que las estadísticas de las tres agencias gubernamentales no coinciden porque no tienen un sistema integrado

Políticas públicas insuficientes

Puerto Rico cuenta con La Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica –  o Ley 54 – que dio pie a la creación de las Salas Especializadas en Casos de Violencia Doméstica (SEVD).

Estos espacios tienen el propósito de proveer un servicio rápido en un ambiente seguro y confidencial, para beneficio de toda persona involucrada en una situación de violencia doméstica que acude al Tribunal a solicitar ayuda. Existen 7 de ellas en la isla y se está proyectando una octava en la Región Judicial de Ponce.

Tras denunciar las agresiones en las Salas Especializadas en casos de Violencia Doméstica la víctima puede solicitar una Orden de Protección

No obstante, la Magister Zaid Mercado Justiniano de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en su trabajo “Victimología de la Mujer Puertorriqueña”, concluye que la política pública que provee la isla caribeña carece de la sustancia necesaria para ejercer la prevención, la intervención y rehabilitación victimal.

A juicio de Mercado, no se cuenta con un centro multidisciplinario que se dedique exclusivamente a atender, albergar, orientar y rehabilitar víctimas de violencia. Si bien existen organizaciones que reciben donaciones para ayudar estas víctimas, a la hora de hacerlo muchas son alojadas en “casas de protección” u “hogares para mujeres maltratadas” sin asistencia multidisciplinaria alguna. “Se vuelven estadísticas y ellas continúan sufriendo la pesadilla de los efectos de la violencia en silencio”.

Enza García Margarit

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