¿Puede Venezuela seguir dependiendo de tecnología extranjera?

Recientemente, el tema de la soberanía tecnológica ha cobrado en Venezuela nuevo vigor. Sabotaje a la plataforma de pagos por puntos de venta, ataque a la estatal de telecomunicaciones, CANTV, han recordado al país que la dependencia de sectores privados o internacionales representa un alto riesgo.

Ya se había vivido episodios terribles, cuando en 2002 una empresa privada –Intesa (Informática Negocios y Tecnología, S A.)- manejaba prácticamente la totalidad de sistemas y procesos de Petróleos de Venezuela, estatal del principal rubro de exportación, y forzó la paralización de sus actividades.

En el año 2004, Hugo Chávez, bajo el Decreto Presidencial 3.900, determinaba que todo el poder ejecutivo (ministerios, entes gubernamentales) debían migrar sus sistemas a software libre.

Ya para 2014 entraría en vigencia la Ley de Infogobierno, que establecía la obligatoriedad de la citada norma de forma ampliada a los cinco poderes del Estado venezolano, no solo en sus oficinas centrales, sino en el ámbito regional.

Además de liberar al Estado de la dependencia de licencias y actualizaciones de pago en divisa extranjera, esta normativa permitía un mejor control y seguridad sobre la información sensible de la Nación.

Sin embargo, es común ver computadoras en instituciones estatales con software Windows para las operaciones más básicas y Mac para diseño, además de edición de video, sonido y hasta fotográfica. Esto sin contar con la utilización de correos gmail para cuentas “oficiales” de oficinas y direcciones.

La dependencia tecnológica, no obstante, ha disminuido sensiblemente en los años recientes, en especial si se considera el amplio fortalecimiento de diversas industrias que han ido sustituyendo importaciones de productos y componentes.

Ya en el país se ensamblan computadoras, teléfonos celulares, tabletas digitales, además de vehículos (particulares y de transporte masivo) y hasta insumos vitales para la industria petrolera.

También hay una política sostenida de apoyo al desarrollo científico tecnológico enfocado en tecnólogos populares, que permite la recopilación y puesta en marcha de proyectos de toda naturaleza y escala. Y de igual manera permite que las propias comunidades ideen las soluciones tecnológicas a sus necesidades particulares. En este caso la independencia se territorializa.

El lanzamiento de dos satélites venezolanos no es una cosa menor. El Bolívar, primero, fue presentado por las autoridades venezolanas como la oportunidad, entre otras ventajas, para mejorar las comunicaciones a lo interno del país, con especial énfasis en profundizar las posibilidades de las comunidades más alejadas de los centros urbanos.

Por su parte, el Miranda tiene entre sus aplicaciones la gestión ambiental, el monitoreo para sistemas productivos (agrícola, pecuario, entre otros) y la gestión de riesgos ante desastres naturales, además de fines militares de defensa de la soberanía nacional.

Cuentas pendientes

Esta serie de avances es, sin embargo, insuficiente. Sobre todo, como se ha venido exponiendo, en torno a las tecnologías digitales, de comunicación y de seguridad de datos y procesos sensibles.

Entre otros factores, la falta de una eficiente aplicación de la Ley de Infogobierno mantiene al Estado y sus procesos en permanente riesgo de ataques, como los más recientes. Pero además, plantea una serie de interrogantes sobre el futuro, en el marco de una guerra no convencional sostenida contra el país, y que opera especialmente bajo dos figuras que forman parte del apartado tecnológico: la mediática, plegada en casi su totalidad al 2.0, y la de los ciberataques.

A raíz de los recientes ataques a CANTV y el sistema de pagos, el pasado 6 de diciembre el Estado venezolano ha llegado a nuevos acuerdos de cooperación con la Federación Rusa (víctima de un ataque a su banco central el mismo día de los que sufrió Venezuela), en la búsqueda de fortalecer la ciberseguridad.

Según la delegación rusa, en declaraciones reflejadas por el portal Sputnik News, se trabajó en tres áreas de cooperación, entre las cuales está la seguridad informática, además de haber un enfoque en las necesidades económicas venezolanas.

Cabría de igual forma una más rigurosa evaluación de la actuación de las instituciones del Estado con relación a la utilización de software privativo que pone en peligro y hace susceptible de ser interceptada todo tipo de información.

No debe olvidarse que en su mayoría estos sistemas son desarrollados en los Estados Unidos, y que incluso se ha filtrado cómo a través de los mismos los centros de inteligencia norteamericanos espían a gobiernos y ciudadanos de naciones alrededor del mundo.

JI

Artículos relacionados