Luego de solicitar asilo a Uruguay el pasado 17 de noviembre, fecha desde la cual se encontraba en la sede diplomática de ese país ubicada en Perú, el expresidente Alan García informó que se someterá a la justicia peruana que le acusa de cometer actos de corrupción durante su gestión.
El anuncio se produjo inmediatamente después de que el Gobierno uruguayo se negara a ampararlo por considerar que García no es un perseguido político y que las imputaciones de las que se le acusa son de tipo económico y administrativo, vinculadas a sus mandatos.
El expresidente peruano es investigado por su presunta vinculación con supuestos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht a varias autoridades en ese país, para obtener un contrato de construcción para el metro de Lima durante el segundo mandato de García (2006-2011).
Asimismo, se le acusa a él y a otros 21 funcionarios de conspirar para “facilitarle” a la empresa holandesa ATM Terminals que ganara en 2011 la concesión de la Terminal Norte del puerto del Callao, vecino a Lima.
Por el escándalo de Odebrecht en Perú también están bajo la lupa de la fiscalía los exmandatarios Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la opositora Keiko Fujimori, quien está en prisión preventiva desde hace un mes.
ARG
