México comienza a sentir el alcance del caso Odebrecht

Nuevamente Odebrecht vuelve a ser noticia, esta vez por la medida tomada por el gobierno federal mexicano que ordenó congelar las cuentas de la empresa Altos Hornos de México (principal siderúrgica del país) y las de su dueño, el empresario Alonso Ancira, por sus supuestos vínculos con la constructora brasileña.

Esta empresa estaría ligada a la entrega de sobornos millonarios pagados a políticos mexicanos como el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, cuyas cuentas también han sido bloqueadas.

La decisión tomada por el Gobierno federal constituye el primer intento formal de la justicia mexicana de investigar el apéndice local del mayor entramado de corrupción de la historia de América Latina, que ha ocasionado incluso la muerte de varias personas en diferentes países.

En el caso de México, la pieza clave del caso de corrupción fue la compra por parte de la petrolera estatal Pemex en 2014 de una empresa de fertilizantes propiedad de la siderúrgica. El costo de la compañía, cerca de 500 millones de dólares, fue criticado por los especialistas al tratarse de una planta que llevaba 14 años sin operar y cuyos equipos tenían una antigüedad de 30 años.

El sobreprecio, inmediatamente fue catalogado por los especialistas como un acto de corrupción. Un mes después de esta adquisición, Altos Hornos de México (AHMSA) hizo una transferencia de casi cuatro millones de dólares a Grangemouth Trading Company, una empresa offshore con sede en la ciudad escocesa de Edinburgo a través de la cual se canalizaban los sobornos de Odebrecht a la élite política latinoamericana.

En total, la constructora brasileña habría distribuido 10,5 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios mexicanos.

En sus investigaciones, la justicia mexicana determinó que varias operaciones hechas con recursos financieros de AHMSA fueron a parar a cuentas de una empresa fantasma propiedad de Odebrecht, que tuvieron como destino final las cuentas de Lozoya, quien fue inhabilitado la semana pasada para ocupar cargos públicos durante los próximos 10 años por mentir en su declaración patrimonial.

ARG

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