Lideres sociales colombianos buscan justicia en la CPI

Más de mil colombianos residentes en Europa, Estados Unidos y Canadá, que forman parte de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, marcharon desde París hasta la Corte Penal Internacional en La Haya para exigir justicia y denunciar el asesinato de 472 lideres sociales entre el 1 de enero de 2016 y el 28 de febrero de 2019.

La denuncia, elevada por los senadores de ese país Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, fue ignorada por los grandes medios colombianos e internacionales, que prefirieron silenciar esta movilización sin precendentes.

La situación de Colombia, definida como una tragedia por la Organización de Naciones Unidas, lejos de estar cerca de una solución ha empeorado. Recientemente, el organismo determinó que las masacres en el país latinoamericano se han incrementado en 164 por ciento. En estos hechos, un alto porcentaje de víctimas pertenece a grupos sociales que luchan por reivindicaciones.

En algunos casos, durante estas masacres se ha asesinado al 100% de activistas de una determinada región. Las masacres, tuvieron su punto de inflexión luego del 24 de noviembre de 2016, fecha de la firma del Acuerdo de Paz que le ha costado la vida a un número importante de colombianos y aún no ofrece una solución real a los problemas que enfrenta la población guerrillera desmovilizada.

Un informe publicado en febrero de 2019 asegura que «la mayoría de los asesinatos se cometen bajo altísimos niveles de impunidad, pues el porcentaje de capturados por estos crímenes es mínimo. La impunidad cobija a los autores materiales y es mucho mayor con respecto a los autores intelectuales”.

El mismo documento, denominado «¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el posacuerdo”, señala que la mayoría de los crímenes cuentan con una etapa de preparación y seguimiento.

Lamentablemente, el Gobierno de Colombia no da ninguna muestra de preocupación por el conflicto y en cambio continúa abonando el camino para una guerra de grandes proporciones con el bloqueo a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz.

ARG

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