El legado de corrupción de Ricardo Roselló

Ricardo Roselló Nevares abandonó la Gobernación de Puerto Rico sin hacer mucho ruido el pasado 2 de agosto, y lo dejó todo “bien amarrado” para cuidarse las espaldas ante la prensa y dejar en manos de sus cuestionados socios los ya maltrechos fondos de la colonia estadounidense.

Rosselló firmó 66 leyes desde que comunicó su renuncia en la medianoche del 24 de julio hasta hacerse efectiva 8 días después. Cincuenta y ocho de las mismas fueron rubricadas el mismo día – justo a la víspera de su salida – dando así un golpe maestro al clamor popular que exige el cese de la corrupción gubernamental en la isla

En la víspera de su abrupta salida del gobierno que dejó a Puerto Rico en una crisis constitucional, Ricky Roselló «cerró con broche de oro» firmando 66 leyes y otorgando contratos a diestra y siniestra entre sus allegados

Leyes que atentan contra el Derecho a la Información

De las leyes firmadas a espaldas del pueblo boricua la Ley de Transparencia y la Ley de Datos Abiertos reducen la obligación del Estado de hacer públicas sus acciones, limitando así los derechos constitucionales al acceso a información y al ejercicio de la libertad de prensa.

La directora ejecutiva de la organización Espacios Abiertos, Cecille Blondet, se manifestó al respecto:

“Los últimos días de su gobernación, después de anunciada su renuncia, hubo aún menos transparencia de parte de Rosselló, (…) no sabemos con quién se reunió, qué decisiones tomó aun cuando el pueblo estaba en las calles exigiendo respeto. No sabemos siquiera qué indultos concedió ni qué contratos firmó”.

Blondet denunció que la organización que dirige, junto con varios gremios periodísticos, solicitaron a Ricardo Roselló que no firmara ambos proyectos por no cumplir con los principios de acceso a la información pública reconocidos local e internacionalmente

La Ley de Transparencia elimina la posibilidad de solicitar información pública de forma verbal – uso y costumbre en la mayoría de los casos cuando se trata de miembros de la prensa – y en el proceso legislativo de enmiendas al proyecto original eliminó sanciones administrativas que incluían una multa de $250 a quien obstruyera el flujo de información pública.

En la Ley de Datos Abiertos, se enumeran 12 excepciones a la debida divulgación de datos, ampliando incluso las contenidas en la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA). Por tanto, el efecto neto de estas dos leyes es el de dificultar el acceso a la información pública de manera rápida.

Sobre las 64 leyes restantes, Blondet destacó que figuran muchas cuyo alcance real se desconoce pues no han sido divulgadas por el Departamento de Estado, que ha estado prácticamente acéfalo desde la salida de Luis Rivera Marín tras el escándalo del chat entre Rosselló, funcionarios públicos, asesores y cabilderos que terminó forzando al propio gobernante a dimitir.

Que siga el saqueo

Además de las 66 leyes firmadas a la víspera de su salida de La Fortaleza, Roselló y su equipo dieron paso a más de 200 contratos en la Rama Ejecutiva, equivalentes a unos 80 millones de dólares. Entre ellos figuran grandes montos otorgados a compañías ligadas a exmiembros de su Administración y a quien nombró como su sucesor, Pedro Pierluisi Urrutia.

Una de las principales incógnitas tras la breve gestión de Pierluisi en la Gobernación de Puerto Rico es qué hará con la información confidencial adquirida en las reuniones con jefes de Agencias y personal de gobierno ¿La utilizará en un futuro para beneficiar a sus allegados?

A través de  la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) adjudicaron $10.5 millones cada una para O’Melveny & Myers LLP y Scott M. Favre Public Adjuster, LLC., respectivamente.

Esta última es representada por Ramón Rosario Cortés, otrora secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza bajo Rosselló Nevares, y Alfonso Orona Amilivia, exasesor legal del Gobernador renunciante en al menos una querella de investigación presentada por la aseguradora MAPFRE.

Dentro del equipo legal de Favre, se encuentra Andrés “Andi” Guillemard Noble, cuñado del efímero gobernador Pierluisi. Días antes, el 19 de julio, el Departamento de Hacienda firmó un contrato con Lone Star Insurance Producers, LLC, compañía de Andrés Guillemard Ginorio, padre de “Andi”, por concepto de seguros.

Quien a buen árbol se arrima…

El martes 6 de agosto – antes de que el Tribunal Supremo designara a Wanda Vásquez como Gobernadora de Puerto Rico – gremios del sector privado expresaron su apoyo a Pierluisi tras sostener una reunión con él en La Fortaleza.

Entre los participantes estaban el ingeniero Alejandro Abrams Gonzalez, de la Asociacion de Contratistas Generales, y uno de los incorporadores de Desarrolladora J.A., Inc., que el 1 de agosto —un día antes de la salida de Rosselló Nevares— recibió un contrato ascendente a $19.469.055 con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de Puerto Rico, para la reparación o construcción de vías públicas.

De acuerdo con la periodista Adriana De Jesús Salamán el alto volumen de contratos aún no se encuentra disponible en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor para su análisis, pero se presume que fueron firmados por los respectivos jefes de agencia con el aval de personal de La Fortaleza. Nos preguntamos ¿Qué hará la Gobernadora Wanda Vásquez con esta “herencia”?

Enza García Margarit

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