Con Duque Colombia huele a guerra

Cada vez más sectores al interior de Colombia, en Naciones Unidas y numerosas agrupaciones internacionales de derechos humanos se suman al coro de voces que instan al presidente de ese país, Iván Duque, a que deje de obstaculizar la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, instancia derivada del Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado colombiano y las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

ONU pide urgente sanción presidencial de ley de la Jurisdicción Especial para la Paz

La ley ya fue aprobada por el Congreso y la Corte Constitucional del país. El trámite final que permitirá la puesta en vigencia de la histórica norma es el ejecútese presidencial. Duque, fiel a la postura política del uribismo que es estructuralmente enemiga del Acuerdo de Paz, presentó una serie de objeciones a la norma y se propone modificar una parte sustancial de lo pactado por su antecesor, el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos y la ex guerrilla.

La negativa de Duque a dar el ejecútese a la ley es el último tropiezo que confronta la implementación del acuerdo, considerado uno de los mayores logros de la sociedad colombiana en los últimos 50 años.

El asesinato de líderes sociales vinculados al proceso de paz, la persecución y muerte de ex combatientes de las FARC desmovilizados, la extradición a EEUU de líderes de la antigua insurgencia, retrasos en la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos estipulada en el pacto conforman algunos de los obstáculos que confronta la paz colombiana.

El peligro para una pacificación real y estable fue alertado por el representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, quien pidió la semana pasada la “urgente sanción presidencial’” de la ley.

Brunori subrayó que la norma es garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de la violencia de la guerra.

La Organización Nacional Indígena de Colombia también señaló que objetar la ley les impide a las víctimas tener garantías plenas y prontas de justicia y reparación. Indicaron en un comunicado que “el tribunal de paz es la esperanza de justicia y reparación de nuestros pueblos para por fin pasar la página de la violencia y construir la paz en nuestros territorios”.

Una amplia gama de fuerzas políticas colombianas consideran la objeción de Duque como un retroceso y una vuelta a los años más oscuros de la historia de Colombia. Entre ellos destacan congresistas, exministros, exnegociadores de la paz del gobierno del expresidente Santos.

Los cuestionamientos de Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz de su país contrastan con su activa intromisión en la crisis política venezolana y su apoyo abierto al autoproclamado presidente interino de ese país, Juan Guaidó, lo que en opinión de muchos sectores sociales y políticos colombianos potencia la confrontación interna en el país vecino, lo que comporta otros peligros para la paz colombiana.

YBV

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