Aunque la primera ministra británica, Theresa May, se ha reunido con diversos dirigentes políticos, para tratar de negociar su plan, los resultados no han sido satisfactorios, ya que no ha logrado convencer ni a los representantes del partido gobernante, quienes el pasado mes de enero votaron en contra de la iniciativa impulsada por May.
Uno de los sectores que se vería más afectado, es el sector trabajador, ya que de producirse el Brexit, la Cámara de Comunes, cuya composición alberga en su gran mayoría a miembros del Gobierno de derecha, tendrá la potestad de decidir si acepta o no las normas laborales adoptadas por la Unión Europea.
El punto más álgido de lo pactado en Bruselas para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, es la salvaguarda, la cual suavizaría el flujo en la zona fronteriza entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, por lo que la misma se regiría por las leyes establecidas por la Unión Europea.
En este sentido, los euroescépticos, advierten que esta medida amenaza abiertamente la constitucionalidad y la autodeterminación del Reino Unido, ya que este último quedaría a merced de las decisiones del bloque europeo.
Ante la proximidad de la fecha tope para la ejecución del Brexit, los especialistas temen que de concretarse la salida del Reino Unido de la Unión Europea, se podría generar una disminución o pérdidas en la economía británica.
«No habrá una tercera renegociación del acuerdo ni nuevas garantías. El Parlamento británico debe saber que esta es su última oportunidad para aprobar el pacto», advirtió el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker.
YR
