Ayotzinapa o cómo el gobierno mexicano niega los DDHH

Tres años han transcurrido desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en México sin que las autoridades de ese país, incluido el presidente Enrique Peña Nieto, hayan impulsado acciones conclusivas y satisfactorias para los padres y madres de las víctimas.

Este caso, el más conocido, es parte de una trama nacional mucho más grande de desapariciones forzadas y homicidios, generalmente a manos del narcotráfico, pero que incluso da cabida en ocasiones a elementos de las “fuerzas de seguridad” como la policía y el Ejército.

“En el exterior, todavía se mira a Enrique Peña Nieto como un presidente de mérito. Creo que esta apreciación se hace en determinados medios de comunicación ideológicamente sesgados, porque el desastre de México es tan grande, que incluso ha sido consignado por diversos medios internacionales que anteriormente lo alababan (al presidente)”, afirmó el sociólogo mexicano Carlos Figueroa Ibarra, entrevistado por Diana Carbajal Van De Kerkhof, en el programa radial Retornando al Equilibrio.

El profesor investigador del posgrado de sociología Universidad Autónoma de Puebla usó como muestra de la situación de los Derechos Humanos (DDHH) el caso de Ayotzinapa, cuya verdad oficial fue desmentida por la el grupo independiente e interdisciplinario que conformó la Comisión Interamericana de DDEE (CIDH) y también por los investigadores del equipo argentino de Antropología Forense.

El docente universitario señaló que las autoridades del gobierno «se apresuraron» a dar una verdad que no era cierta, y destacó que “lo que sucedió realmente” fue que los normalistas tomaron por la fuerza un autobús para dirigirse a la capital, “en el que había un cargamento de droga valuado en dos millones de dólares”, sin conocimiento de los estudiantes. El hecho desató la ira de un capo local, propietario del cargamento, quien “simplemente llamó al jefe de la zona militar más próxima para darle escarmiento a los jóvenes”.

Este hecho, sostiene Figueroa, revela la verdadera situación de los DDHH en México, que se agrava al conocer las pronunciadas cifras generadas por una violencia extrema en el país norteamericano. Desde 2006 hasta 2016 se han registrado más de 207 mil ejecuciones extra judiciales y 31 mil femicidios y entre los años 2012 y 2016, se han conocido más de 28 mil desapariciones forzadas.

Con más de 120 periodistas asesinados y desaparecidos en los últimos 15 años, México es el país más peligroso de todo el continente para ejercer el periodismo. Figueroa asegura que la tasa de impunidad del sistema judicial mexicano es de 98%, que, sumado a la situación de pobreza que arropa al 71% de la población, y más de 20% de pobreza extrema, evidencian un panorama bastante desolador para el mexicano promedio.

Corrupción generalizada

Parte de los problemas en México están vinculados a una profunda corrupción política, sugiere Figueroa, quien agrega que ello es un rasgo inherente a la clase política y muestra de ello es la mansión que se le descubrió al mandatario Peña Nieto y a su esposa. La vivienda, conocida como “la Casa Blanca” está valorada en 7 millones de dólares y se le concedió a la pareja presidencial “con facilidades de pago” por un consorcio empresarial que goza de contratos y licitaciones con el gobierno. Igualmente, recordó los casos de los gobernadores de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, y otros nueve exgobernadores que están “presos, prófugos o sindicados”.

Además, agrega un dato espeluznante: dos terceras partes de las alcaldías del país (que en total son más de 2.400) están bajo influencia del narcotráfico y del crimen organizado. De hecho, en los tres primeros años de la presidencia de Peña Nieto, más de 40 alcaldes han sido asesinados, mientras que en la de su predecesor, Felipe Calderón, murieron de forma violenta unos 30 altos funcionarios.

Ante este panorama, afirma el profesor universitario, existe “una ira muy grande frente a la clase política con respecto al tema de la corrupción” y considera que al menos un tercio de la población está dispuesto a luchar por un cambio político, lo cual sería aprovechado por el dirigente y ex candidato presidencial Andrés López Obrador.

“Hay una conciencia popular que entiende que todos los partidos y los gobiernos anteriores han sido más de lo mismo. Acaso en esto esté la esperanza del año entrante para que haya una verdadera alternancia para darle a México una luz al final del túnel”, concluye el sociólogo.

 

 

#Impunidad | Luciano Rivera, el noveno periodista asesinado en México en 2017

 

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