El gobierno de Iván Duque recibió este miércoles un duro golpe al conocerse el fallo de la Corte Constitucional de Colombia que sepultó la reforma de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que el Primer Mandatario promovía hace dos meses y que reavivó la división política en el país.
La decisión implica que el jefe de Estado deberá ratificar la ley estatutaria del tribunal encargado de juzgar los crímenes más graves del conflicto armado, obviándolos seis cambios u objeciones que había planteado.
A este revés se le suma la liberación del exjefe de las FARC, Jesús Santrich, ordenada por la Corte Suprema recientemente. La reforma a la JEP -alentada especialmente por el sector más duro del Centro Democrático, el partido fundado por Álvaro Uribe- afectaba a la esencia de los acuerdos al poner en duda el funcionamiento de la justicia para la paz.
La resolución de este tribunal colombiano supone una impugnación al criterio de Duque sobre la columna vertebral de los acuerdos de paz alcanzados en 2016 entre el Estado y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Las reformas propuestas por el Jefe de Estado abarcaban los apartados de reparación a las víctimas; la capacidad de verificación del alto comisionado para la paz sobre quienes ingresarán en el sistema de justicia transicional; la relación con la justicia ordinaria; los delitos de lesa humanidad; las condiciones de ofrecimiento de la verdad y la extradición.
En su presentación de la decisión la Corte Constitucional señaló que los reparos que hizo el presidente Iván Duque a la ley se hundieron en las votaciones en el Congreso y que el paso a seguir es que el jefe de Estado sancione la norma sin más demoras.
Este fallo refleja la difícil convivencia entre la aplicación de los acuerdos de paz y el proyecto político del Gobierno de Duque.
ARG
