Aborto en Venezuela: Un debate que urge

El cuerpo femenino es un escenario fundamental donde se materializa la opresión sobre las mujeres. Impedirles la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo supone la consumación del dominio patriarcal, cuya pretensión mayor es despojarlas de su carácter de sujeto para darles trato de objeto. Las estructuras de poder se levantaron bajo esta premisa y han desarrollado mecanismos de control fáctico que anulan la soberanía de la mujer sobre su vida.

A mediados del siglo XIX, la iglesia prohibió el empleo de métodos e información anticonceptiva en naciones como España o Estados Unidos. Se trató de la restricción absoluta del derecho a decidir cuántos hijos e hijas tener y en qué momento. El dictamen ideológico no separaba la sexualidad de la reproducción. Este planteamiento, que hoy puede parecer absurdo, se mantuvo como norma hasta 1978 en España. Sin embargo, esta restricción no impidió que las mujeres usaran anticonceptivos, pero su acceso era exclusivo a quienes podían pagarlo en el mercado ilegal.

La prohibición de los anticonceptivos no ha sido el único mecanismo empleado para impedir que las mujeres puedan decidir la cantidad de hijos e hijas a tener, o el momento para hacerlo. La ilegalización del aborto, que castiga con pena de cárcel a la mujer que lo provocara de manera voluntaria, es otra medida restrictiva que priva la voluntad femenina sobre su propia reproducción.

El derecho a elegir

Desde inicios del siglo XX, el movimiento por la emancipación de la mujer ha planteado que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental y una condición necesaria para el alcance de la igualdad. Para profundizar en esta idea, VTActual.com se encontró con las organizaciones de mujeres a fin de conocer sus argumentos. A continuación, la abogada feminista y vocera de la Fundación Género con Clase, Gisela Jiménez, expone las razones por las que se considera que la soberanía sobre el cuerpo debe ser un derecho humano fundamental para las mujeres:

 

Tal como ocurriera con los anticonceptivos, la ilegalización del aborto no anula su existencia. Su práctica es una realidad cotidiana, que se ejerce de manera segura para quienes pueden pagarlo. Las mujeres pobres también abortan, pero bajo condiciones de precariedad dado que no pueden costear los encarecidos métodos médicos privados. Estas prácticas insalubres suelen tener como consecuencia la muerte o daños irreversibles para su vida. Es lo que ocurre en nuestro país. Así lo describe Jiménez:

 

¿Qué dicen las leyes sobre el aborto en Venezuela?

El Código Penal Venezolano establece medidas punitivas contra la mujer que provoque el aborto. El artículo 430 de este instrumento dicta: “La mujer que intencionalmente abortare, valiéndose para ello de medios empleados por ella misma, o por un tercero, con su consentimiento, será castigada con prisión de seis meses a dos años”. La única excepción a este mandato se menciona en el artículo 433, que reza: “No incurrirá en pena alguna el facultativo que provoque el aborto como medio indispensable para salvar la vida de la parturienta”.

Que la intención de dicha norma sea restringir el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, y no la pretensión de resguardar al feto en formación, queda en evidencia en el apartado siguiente que se refiere al “abandono de niños o de otras personas incapaces de proveer a su seguridad o a su salud”, donde se establece una pena menor a la del aborto contra quien abandone a un niño.

“Artículo 435. El que haya abandonado un niño menor de doce años (…), si el abandonado estuviese bajo la guarda o al cuidado del autor del delito, será castigado con prisión de cuarenta y cinco días a quince meses”.

Y es todavía más notorio luego:

“Artículo 437. Cuando el culpable haya cometido el delito previsto en los artículos anteriores con un niño recién nacido, aun no declarado en el Registro del estado civil dentro del término legal, para salvar su propio honor, o el de su mujer, o el de su madre, de su descendiente, de su hija adoptiva o de su hermana, la pena se disminuirá en la proporción de una sexta a una tercera parte, y el presidio se convertirá en prisión”.

A pesar que este instrumento fue ratificado por la Asamblea Nacional en el año 2005, los artículos referidos, que restringen la interrupción voluntaria del embarazo, contradicen lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que dicta: “Artículo 76. (…) Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos o hijas que deseen concebir y a disponer de la información y de los medios que les aseguren el ejercicio de este derecho. El Estado (…) asegurará servicios de planificación familiar integral basados en valores éticos y científicos”.

 

La Constitución está por encima

Ante esta divergencia, se impone el mandato constitucional. Así lo garantiza la Carta Magna en el capítulo referido a su protección, donde queda claro que “en caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente”.

En el mismo apartado, se confiere a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la responsabilidad exclusiva de declarar la nulidad de las leyes contrapuestas a la Carta Magna bolivariana. Magistradas y magistrados del TSJ tienen la facultad y el deber de pronunciarse al respecto.

En lo concreto ¿Cuál es la propuesta del movimiento feminista para otorgar a las mujeres la facultad de interrumpir voluntariamente un embarazo? Le consultamos a la abogada Gisela Jiménez y esta fue su respuesta:

 

Es importante mencionar que, sobre el derecho a decidir, el movimiento de mujeres alcanzó importantes victorias legislativas en Venezuela. Desde 2006, se estipula la esterilización forzada y la práctica de cesárea no voluntaria e innecesaria como delitos de violencia contra las mujeres, según la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

VTActual también contactó con Laura Franco, abogada y militante del Movimiento Feminista Popular (MFP) Lydda Franco, quien nos presenta algunos datos de interés sobre el aborto como problema de salud pública en la región latinoamericana:

 

¿Cuál ha sido la realidad venezolana frente al aborto?

Venezuela entró al siglo XXI con grandes avances en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación. No sólo se trata de propuestas que encontraron un lugar en la redacción de un nuevo proyecto de país, también tiene que ver con la ejecución de políticas que generaron condiciones de vida de mayor protección a grupos vulnerables y de transferencia de poder a sectores de la población históricamente oprimidos.

Sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, la Revolución Bolivariana generó un entorno social favorable. Durante varios años, la Misión Barrio Adentro dotó de métodos e información anticonceptiva a mujeres de los sectores populares. Además, juega un papel importante la incorporación del Pueblo Mujer a diversas áreas del desarrollo, como la educación, el deporte, la cultura y la política. Tal garantía de participación y protagonismo ha propiciado el escenario ideal para la disputa de una absoluta soberanía de las mujeres sobre su cuerpo.

Pero el asedio económico ha generado un enorme retroceso. El sistema de salud pública ya no garantiza el acceso gratuito a métodos anticonceptivos. La ausencia de una política de educación sexual liberadora y de calidad ha generado que las y los más jóvenes mantengan prácticas sexuales de riesgo, y muchas veces violentas, que terminan por generar infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados a temprana edad. Al respecto, conversamos con Franco, quien nos compartió sus reflexiones:

 

Venezuela tiene deberes pendientes

En el año 2014, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU, suscrita por Venezuela, ya alertaba sobre las condiciones de nuestro país respecto a la mortalidad materna, los embarazos no deseados y las muertes por abortos clandestinos de las mujeres más pobres.

En sus observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de la República Bolivariana de Venezuela, señala:

“El Comité está profundamente preocupado por:
a) La alta tasa de mortalidad materna a pesar de las medidas adoptadas para reducirla;
b) El elevado número de embarazos de adolescentes, muchos de los cuales ocasionan mortalidad materna;
c) Las informaciones acerca de que no siempre se dispone de servicios de salud adecuados o no es posible acceder a ellos, en particular servicios de salud sexual y reproductiva, tratamiento contra el cáncer y anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos de emergencia;
d) La legislación restrictiva en materia de aborto que obliga a las mujeres a recurrir al aborto en condiciones de riesgo, que a menudo perjudica la salud de la mujer embarazada y a veces causa la muerte

El Comité insta al Estado parte (Venezuela) a que:

a) Intensifique los esfuerzos para reducir la mortalidad materna adoptando una estrategia integral que prevea la aplicación efectiva de (…) un mecanismo de vigilancia y servicios apropiados de salud sexual y reproductiva, incluida la facilitación de anticonceptivos de emergencia, así como de atención prenatal, durante y después del parto, y posaborto.
c) Intensifique los esfuerzos para reducir los embarazos de adolescentes, en particular velando por que las niñas y los niños dispongan de una información y una educación sobre salud y derechos sexuales y reproductivos que resulten adecuadas a su edad;
d) Modifique su legislación para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, riesgo para la salud de la madre y riesgo de graves malformaciones del feto, elimine las medidas punitivas para las mujeres que se sometan a esa práctica y garantice la disponibilidad de servicios de interrupción del embarazo«.

Estos llamados de atención y exigencias no son poca cosa. Venezuela suscribió estos compromisos internacionales desde hace más de 30 años y está en el deber de ajustar su acción política y legislativa para dar cumplimiento a su mandato. El próximo mes de noviembre, el Estado deberá rendir cuentas ante este organismo mundial sobre las solicitudes que remitieran hace cuatro años. Frente a esta situación, la abogada Laura Franco nos informa:

 

Abortos clandestinos inciden en la mortalidad materna

Es importante aclarar que las muertes ocasionadas por la práctica de abortos inseguros son consideradas en la tasa de mortalidad materna. A pesar que en Venezuela no existen  estadísticas específicas sobre el tema, la constante en todo el mundo ha sido que, en los países donde se encuentra penalizado, las complicaciones por abortos mal practicados constituyen un porcentaje importante de la tasa de mortalidad materna.

A propósito de la deuda de la institucionalidad venezolana respecto a datos estadísticos, estudios y acciones sobre el aborto como problema de sanidad pública, Franco realizó un llamado de atención a las autoridades competentes:

 

La interrupción de la gestación es consecuencia directa de una política pública incapaz de brindar la información, la conciencia y los medios necesarios para la prevención de embarazos no deseados y para el ejercicio de una sexualidad segura y autónoma.

La revista científica The Lancet, en su estudio titulado “Incidencia del aborto entre 1990 y 2014: niveles y tendencias mundiales, regionales y subregionales, señala que según los datos estadísticos analizados “El nivel de necesidad insatisfecha de anticoncepción es mayor en los países con las leyes de aborto más restrictivas que en los países con leyes más abiertas, y esto contribuye a la incidencia del aborto en países con leyes restrictivas”.

Lo que demuestra que cuanto más difícil es el acceso a anticonceptivos, mayor es el número de abortos practicados. Siendo que los países que penalizan el aborto, al no tener que costearlo en la sanidad pública, se preocupan menos por su prevención. A mayor número de abortos clandestinos, más alta es la tasa de mortalidad materna y las muertes generadas por dicha práctica. La experiencia de la región latinoamericana es reflejo de ello. Así lo reseñó la Laura Franco en su intervención:

 

La realidad golpea fuerte. El aborto supera cualquier discusión moral y se posiciona como un hecho cotidiano, y un problema de salud, de gran influencia sobre la vida y la soberanía de las mujeres. El contexto social y político venezolano parece haber agotado los plazos y el debate se torna ineludible. El Estado quedará posicionado ante la historia por su acción u omisión.

EP

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