7 casos de lawfare contra la izquierda latinoamericana #2daParte

En esta segunda entrega, VenezuelaTimesTV abordará más casos del lawfare o del uso del sistema judicial con fines políticos para apartar del camino a los fuertes liderazgos de la izquierda en países como Argentina, Ecuador y Paraguay.

Caso Cristina Fernández

En este caso de lawfare, así como en los mencionados en la primera entrega, los medios de comunicación jugaron un papel clave al momento de deslegitimar al oponente de izquierda atacado, en este caso, a Cristina Fernández de Kirchner, quien en los tabloides ya era culpable de las acusaciones realizadas desde el sistema judicial argentino. Un ejemplo perfecto fue el asesinato del fiscal Alberto Nisman, que fue atribuido inmediatamente contra Fernández (sin pruebas) en los medios argentinos, los mismos que hicieron difundieron ampliamente la acusación de Nisman contra Fernández de “fabricar la inocencia” de los supuestos perpetradores iraníes del atentado contra la AMIA en 1994. Estos mismos medios, poco o nada dijeron que Nisman facilitaba información casi periódicamente sobre el caso a la embajada estadounidense.

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Mientras investigan a Fernández, Macri hace de las suyas con sus cuentas en paraísos fiscales.

La acusación no procedió pero generó un gran daño en la imagen de la expresidente justo en 2015, cuando se dieron las elecciones presidenciales que dieron la victoria a Mauricio Macri. Fernández tiene otras investigaciones en su contra por presunta corrupción, pero llama poderosamente la atención que pese a la gran cantidad de irregularidades que ha cometido abiertamente el actual mandatario argentino como sus cuentas offshore de los Panama Papers, a Macri no se le ha abierto ninguna investigación. La razón de esto radica en que controla la Corte Suprema de ese país, luego de que en diciembre de 2015 designara por decreto a dos jueces en lugar de convocar a las sesiones extraordinarias en las que el Senado aprueba las postulaciones. Aunado a esto, Macri designó a Laura Alonso, diputada del partido Cambiemos, al frente de la Oficina Anticorrupción.

 

Caso Rafael Correa y Jorge Glas

En Ecuador se vive otro de los más descarados empleos de la lawfare contra la izquierda, no solo por las inconsistencias procesales, sino por la evidente venganza aplicada en contra de quien sigue ejerciendo gran peso en la política ecuatoriana: Rafael Correa. El asunto inició luego de que Jorge Glas, vicepresidente electo y antiguo vicepresidente de Correa, rechazara la entrega de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) por parte del presidente Lenin Moreno a Abdalá Bucaram Ortiz, dos veces prófugo de los tribunales ecuatorianos, acusado de varios actos de corrupción y enemigo de la Revolución Ciudadana. Esta situación devino en la suspensión de todas las funciones de Glas, tras un decreto firmando por Moreno el 3 de agosto de 2017, menos de tres meses de haber sido electos en la segunda vuelta de las presidenciales.

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Jorge Glas siempre ha gozado de excelente reputación a lo largo de su gestión de gobierno.

El 2 de octubre sería recluido tras la solicitud de prisión preventiva ese mismo día por “riesgo” de fuga del país, pese a que en ningún momento incumplió la prohibición de salida del país. Además el pedido llegó un día después de que se cerró la instrucción fiscal, por lo tanto la medida es nula, como lo indica el artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Llama la atención este trato diferenciado si se compara la situación del ahora exvicepresidente y de Juan Pablo Eljuri, empresario que pertenece a uno de los grupos económicos más grandes de Ecuador, investigado por el caso Odebrecht pero a quien se le removió la orden de prisión y ahora goza de libertad condicional. Aparte de esto, también existen inconsistencias y vicios en todo el proceso, como lo ha denunciado Consejo Internacional que Apoya el Juicio Justo y los Derechos Humanos (ICSFT) por sus siglas en inglés, con sede en Ginebra, Suiza.

“(…) Ningún procesado acusó al Vicepresidente de la República por lo cual no existe asociación ilícita. Tampoco lo nombraron ninguno de los 45 testigos y peritos. Por otro lado, los documentos emitidos por el Departamento Justicia de los EE. UU no contienen el nombre del Ingeniero JORGE GLAS. Tampoco existe su nombre en el informe de la Asistencia Penal Internacional de Panamá ni en la informática forense que contiene información sobre los supuestos sobornos de Odebrecht. El perito de la Fiscalía que elaboró el informe del Pen Drive citado en el presente comunicado desconoce los Protocolos de Informática Forense de Criminalística de la Fiscalía”, señala el ICSFT en un comunicado, exponiendo solo algunas de las irregularidades. Aun así, tras un mes y medio de juicio, Glas fue hallado culpable el 6 de diciembre de 2017 y condenado a 6 años de prisión, hecho bastante irónico dado que fue él junto a Correa quienes decidieron entre 2008 y 2010 expulsar a Odebrecht de Ecuador por la trama de coimas.

En el caso de Correa, también se le prepara un juicio por el caso Balda, que a todas luces se muestra ausente de garantías procesales. Para empezar, hay que remontarse al 2012, año en que Fernando Balda fue secuestrado por una hora en Bogotá por 5 personas, las cuales fueron detenidas y encarceladas por 60 meses. En 2013, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Ecuador en la que nunca menciona a Correa, pero repentinamente en 2018, el expresidente es vinculado a este caso. Aparte de esto, el fiscal general encargado Paúl Pérez, (quien no ha sido ratificado por la Asamblea Nacional como Fiscal General, usurpando el cargo ya que no existe en la ley la figura de Fiscal General encargado), es quien lleva el caso y ha solicitado prisión preventiva contra Correa por no cumplir con la comparecencia cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia en Quito.

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La victoria de Moreno tiene mucho que ver con el apoyo que le dio Correa durante la campaña presidencial.

Es un hecho público y notorio que Correa vive en Bélgica desde hace más de un año y que es sumamente difícil mantener semejante comparecencia, además que una normativa diplomática le faculta para presentarse ante el Consulado de Ecuador en Bélgica. Pese a todo esto, la jueza Daniela Camacho dio luz verde a la orden de prisión preventiva en su contra. El 30 de julio se determinará si habrá juicio en su contra, pero ante los medios y demás detractores de la izquierda, ya parece “culpable”.

Caso Fernando Lugo

Este, junto a la destitución de Manuel Zelaya, puede ser catalogado como precursor de la aplicación del lawfare contra líderes de izquierda en la región. También es uno de los casos donde más se evidencia la mano del gobierno de EEUU en la destitución de Fernando Lugo, presidente de Paraguay entre 2008 y 2012, que rompió con 60 años de continuismo del conservador Partido Colorado. A Lugo se le practicó un juicio político exprés (duró 36 horas), en el que las irregularidades procedimentales y violaciones a la Constitución estuvieron a la orden del día. La razón fue su “mal desempeño de sus funciones” por el caso de la matanza de Curuguaty y por generar “caos e inestabilidad política”. La derecha se escudó en que dicho procedimiento –la destitución del presidente por parte del Congreso- está amparado por la Constitución. Sí pero no.

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Lugo mantuvo un amplio apoyo entre los campesinos y las clases más vulnerables mas no de la derecha paraguaya.

En primer lugar, a Lugo nunca se le abrió una investigación judicial, ni mucho menos se emitió una sentencia firme por su responsabilidad en la muerte de 17 personas, hecho punible común –según las leyes paraguayas- que debe ser asumidas por las instancias penales ordinarias. Vale acotar además, que en dicha matanza la Policía Nacional actuó de manera irresponsable, especialmente su director Paulino Rojas, muy cercano colaborador de la embajada de EEUU y de programas de la USAID, que invirtió 2 millones de dólares en el cuerpo policial en 2012 y dio varios programas de formación. En estos programas también participaron miembros del sistema judicial paraguayo. Por otro lado, los detractores de Lugo señalaron que no era necesario recabar pruebas para considerarlo culpable porque los cargos eran de “público y notorio conocimiento”. A esto se suman las declaraciones de dirigentes colorados que “había que hacerlo rápido porque supuestamente Lugo había llamado a elementos subversivos y violentos». Un ejemplo para el mundo la “democracia” paraguaya.

JA

7 casos de lawfare contra la izquierda latinoamericana #1raParte

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