Este pasado 10 de enero se conmemoraron 157 años del asesinato de Ezequiel Zamora, máximo referente del sector campesino venezolano y de sus luchas, que cuentan con un largo historial.
Pasando por la llegada de las transnacionales petroleras al país y el éxodo a las ciudades que esto provocó, además de los asesinatos a luchadores y luchadoras, ocupaciones arbitrarias de tierras y el desconocimiento de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, aprobada en 2001, la lucha campesina en Venezuela ha tenido momentos trágicos que llegan hasta nuestros días, pues la clases dominantes han visto con malos ojos siempre la independencia campesina y su autonomía de trabajo en la tierra.
La mañana del 10 de enero de 1860, mientras leía un documento que Antonio Guzmán Blanco le acababa de entregar, una bala entró por el ojo derecho del General del Pueblo Soberano, Ezequiel Zamora. Se encontraba en San Carlos, estado Cojedes, finiquitando la victoria militar ante unas tropas conservadoras ya en dispersión.
Aunque finalmente, en el año 63, el ejército federal resultó venciendo en la guerra civil, la ausencia de Zamora representaría un enorme vacío para los campesinos del país, que no vieron en el triunfo una respuesta contundente a sus demandas de tierras para el trabajo, sino la instauración de una nueva casta predominante de latifundistas. Los mismos que seguirían dominando las zonas rurales del país hasta le llegada de Hugo Chávez al poder.
El llamado éxodo del campo a la ciudad, a pesar de tener sus inicios claros con la llegada de la explotación petrolera, ha sido sostenido durante largos años en Venezuela. Su verdadera razón principal es la guerra que ha mantenido el latifundismo contra los campesinos y sus intentos por consolidar su tenencia de la tierra.
Para el año 1971, un censo nacional reflejaba que en diversas entidades predominantemente rurales la cantidad de personas que se habían ido a otros sectores era hasta de siete veces la de aquellas que habían llegado a ellas, procedentes de otros estados del país.
Para aquellos tiempos, las autoridades lejos de defender a las poblaciones campesinas, eran garantes de que latifundistas y terratenientes mantuvieran esas tierras bajo sus dominios, y criminalizaban la lucha campesina.
Tras la aprobación de la Ley de Tierras, el asesinato a campesinos y campesinas ha sido sostenido, como ya repasábamos anteriormente en VT: los dueños de grandes extensiones de tierra han visto desde entonces en peligro sus privilegios, y muchos luchadores resultaban muy peligrosos para ellos.
En los años recientes, y a pesar de que la legislación venezolana privilegia la ocupación de tierras ociosas, un alto número de campesinas y campesinos han sido perseguidos y hasta encarcelados por este motivo: jueces agrarios, en alianza con terratenientes y en algunos casos con autoridades de carácter local, velan por intereses privados sobre la tierra y perjudican a las poblaciones de trabajadores del campo.
En agosto de 2016, Iván Ignacio Bracho González, juez agrario del estado Zulia, abandonó el país, según denunció en su cuenta de Twitter el presidente del Instituto Nacional de Tierras, José Ávila.
En una nota publicada por el portal La Tabla, se puede leer que Bracho había ordenado desalojar a más de 300 familias de productores de plátano en la entidad, en beneficio de los ganaderos Javier y Engelberto Parra: alegan estos la propiedad de dichas tierras, otorgadas desde 2013 por el INTi a los campesinos, tras declarar el predio de más de 650 hectáreas como improductivo.
La decisión pretendía anular los títulos de tierras y cartas agrarias, que ya habían sido firmadas por el Presidente de la República, NicolásMaduro.
También el pasado año, la foto de un hombre recorrió las redes sociales con insistencia: Miguel Ángel Venegas fue detenido e imputado por el Ministerio Público. Se trataba del coordinador de Atención al Campesino del INTI, y negociaba con documentos legales cuyo trámite recae sobre la institución. Cayó por un caso en el estado Apure: pidió el pago de 5 millones de bolívares para tramitar el registro de un predio.
Estos casos demuestran que, a pesar del nuevo marco legal, la lucha por la tierra no ha finalizado en el país: para las clases dominantes, no se trata de un recurso de desarrollo para el país, ni del derecho a quien la trabaje. La tierra es, para ellos, una mercancía más, cuyo valor merece incluso la sangre.
JI