Se acerca el final de este turbulento año 2016 y las perspectivas, optimistas y pesimistas, acerca del futuro económico de Venezuela salen a relucir por doquier. Este país suramericano que impulsa desde hace 17 años una política socialista con el deseo de construir una economía que se aleje del capitalismo neoliberal, mantuvo un crecimiento económico constante y una reducción considerable de la pobreza hasta el año 2012, cuando la salud del ex presidente Hugo Chávez se deterioró vertiginosamente hasta su fallecimiento y todos los demonios de la economía nacional se desataron.
Casi cuatro años después, los venezolanos han tenido que enfrentarse, de forma escalonada y constante, a una serie de perturbaciones a su bienestar socioeconómico, destruyendo el poder adquisitivo del ciudadano de a pie y colocándole absolutamente vulnerable ante los designios de manos invisibles evidentemente interesadas en la destrucción del país.
Escasez de productos básicos, inflación descontrolada, bachaquerismo, falta de materia prima, poca producción, acaparamiento, consumo nervioso, fluctuación anárquica de un dólar paralelo virtual y como si fuera poco, la caída abrumadora del precio del barril de petróleo, principal fuente de ingreso de la nación.
En el escenario político, estrechamente vinculado al económico e igual de turbulento, las acusaciones van y vienen. Por un lado el Gobierno Nacional, que señala la existencia de una guerra económica orquestada nacional e internacionalmente para acabar con la Revolución Bolivariana, busca desesperadamente combatir los males desatados a través de políticas de protección social, tales como: constantes aumentos salariales, mantenimiento de la inversión social, planes de abastecimiento alternativos a los tradicionales para evadir los vicios de los canales de distribución y decretos de emergencia económica para activar recursos y estrategias.
Mientras que la oposición venezolana también vinculada al sector económico privado del país, responsabiliza de forma absoluta al gobierno acusándolo de una mala gestión de los recursos, sobre todo en cuanto a la administración de divisas debido a la existencia de un control cambiario desde 2003.
Optimismo Vs. Pesimismo
De esta manera llegará muy pronto el 2017, un año que tendrá varios procesos electorales a distintas escalas, lo cual, por lo que indican anteriores experiencias, influirá directamente en la economía de la nación. Además, en el panorama internacional, también se desarrolla una gran expectativa acerca de los precios del petróleo, guiada por una feroz batalla de intereses mundiales.
“Nosotros estamos esperando una leve recuperación después de tres años de caída”, ha señalado Jesús Faría, Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Venezuela, luego de explicar que en los últimos tres meses se registra una recuperación sustancial de la actividad económica del país, a pesar de que el precio del barril de petróleo no ha subido considerablemente.
Su visión optimista también está sustentada en la gran probabilidad de que en los próximos días la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) llegue a un acuerdo que permita colocar los costos del barril entre 50 y 60 dólares, lo que a su juicio “le garantizará al país ocho o nueve mil millones de dólares adicionales para permitir la adquisición de materia prima”.
Sin embargo, recordó que cuando el Gobierno Nacional establece políticas para combatir la especulación y aplica sanciones, los sectores afectados atacan generando señales muy negativas a la economía mundial “por lo que se nos cierran los mercados financieros internacionales y se genera una percepción negativa de la economía nacional”. Además reiteró que la especulación con el dólar ilegal a través de la página digital “DolarToday” también crea desestabilización.
Por su parte, el economista Francisco Rodríguez, Jefe de la firma Torino Capital, reconoce que “un acuerdo de la OPEP podría generar $7.300 millones (a Venezuela) en ingresos adicionales por concepto de exportación”, aunque aclaró que la imposibilidad de llegar a ese acuerdo llevaría a un déficit adicional en los ingresos por el orden de los $6.700 millones.
Rodríguez, también agregó que el incremento en los ingresos petroleros a partir de un acuerdo OPEP sería “casi suficiente en sí mismo” para cubrir las necesidades financieras externas del país para 2017, las cuales se calculan aproximadamente en $8.100 millones.
“Incluso asumiendo cierto incremento en las importaciones, las necesidades financieras externas disminuirían a $3.900 millones el próximo año, de los cuales $2.000 millones corresponden a préstamos bilaterales y multilaterales que pueden refinanciarse sin mayor complicación”, explicó el economista.
Este hecho aliviaría las restricciones financieras, por lo que difícilmente se produciría un impago en la deuda externa. En el caso de que fracasen las conversaciones y el precio del petróleo siga por debajo de $40, se elevarían las necesidades financieras externas del sector público a $12.000 millones, “cuyo financiamiento sería retador si los mercados internacionales de capital permanecen cerrados”, sentenció.
Además del probable acuerdo OPEP, otro hecho externo generaría beneficios para la economía venezolana el año entrante, se trata de la confianza de China para invertir en Venezuela.
Un nuevo acuerdo de $2,200 millones ayudaría a revertir una disminución en la producción de petróleo mediante la mejora de su infraestructura, a cambio, Venezuela enviará más petróleo a su mayor acreedor (800.000 barriles diarios).
Adicionalmente, mediante el Convenio China-Venezuela, 203 proyectos en diversas áreas se encuentran en ejecución y se han incorporado recientemente otros 131; sólo 12 proyectos de energía eléctrica representan una inversión de $6.000 millones.
Un documento sobre América Latina publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China deja entrever que el gigante asiático está dispuesto a «explorar activamente» mecanismos para lograr asegurar el suministro a largo plazo de recursos energéticos y así reducir el impacto de los riesgos económicos externos.
Sin embargo, por otro lado, algunas opiniones son más obcecadas en sus conjeturas y condicionan las expectativas económicas 2017 a un cambio total del gobierno venezolano. Juan Pablo Olalquiaga, Presidente de Conindustria, insiste en que la prioridad es abordar un nuevo modelo económico: “durante el inicio del año 2017 será una continuidad en el empequeñecimiento de la economía, donde habrá menos transacciones… un país empobrecido no podrá cambiar hasta que exista un cambio en la dirección de la economía”.
Por su parte, el presidente de Datanalisis, Luis Vicente León, considera que en 2017 la política en Venezuela se centrará en la economía, pero que no se están haciendo las gestiones necesarias para rescatar al país de la crisis en la que está inmersa. Sin embargo, “no esperaría caídas equivalentes al 2016. Se pueden generar rebotes estadísticos. No así inflación y devaluación que seguirán creciendo”, opinó. Acerca de las abruptas subidas del dólar paralelo, León le dio un espaldarazo a DolarToday desde su cuenta en Instagram: “la presión del dólar negro era y es perfectamente previsible, pues la variable marcadora es la desconfianza… y esa sólo ha empeorado”. Continuó: “si además el mercado no confía en un cambio del modelo y no espera mejora en el flujo de divisas, sería un milagro la estabilidad del dólar. Quienes han importado mercancías con sus propios dólares y valorado en el negro están perdiendo dinero y con problemas de reposición”.
A pesar de los pronósticos devastadores de muchos actores político-económicos adversarios al gobierno venezolano, también existen empresarios e incluso transnacionales que siguen apostando por las potencialidades del país y mantienen su postura optimista. Un ejemplo de ello es Fausto Costa, Presidente de Nestlé Venezuela, quien consideró que ésta sigue siendo una nación interesante para los inversores extranjeros y que además, se transita por un momento clave para desarrollar la producción nacional. Asimismo explicó que evalúan que ciertas empresas del Estado puedan ser proveedores de Nestlé, pues seguirán invirtiendo en Venezuela, con la intención además de traer nuevos agentes al país a través de su red de proveedores globales: “nuevas empresas que van a generar más producción, más ingreso, que van a pagar más impuestos. Ésta es una gran oportunidad que hay hoy para Venezuela”.
Igualmente, el presidente de la Confederación Venezolana de Agricultores y Ganaderos (Confagan), José Agustín Campos, aunque alertó que la economía del país aún se encuentra en riesgo, recordó que Venezuela tiene todas las condiciones para producir: “somos el país número ocho en reservas de agua, tenemos más de 120.000 agrotécnicos, más 800.000 trabajadores rurales, con infraestructura y buen agrosoporte físico para estar plenamente abastecidos“, aseveró. A juicio de Campos lo necesario es consolidar políticas “de eficacia, de unidad nacional, con ciencia y tecnología para así poder avanzar en el aumento de la producción y la productividad”. Asimismo opinó que para fijar precios se debe tomar en cuenta tanto al sector público como al privado y que deben ser “periódicamente revisados y actualizados”.
“Agencias de Calificación de Riesgos”
A toda esta batalla de opiniones y predicciones internas, se le suma el coro acoplado de organismos internacionales “debatiendo” sobre el destino económico de Venezuela. Desde hace 17 años, pero más intensamente los últimos cuatro, las “agencias de calificación de riesgo” y las “Perspectivas Económicas” del Fondo Monetario Internacional, se han avocado a vaticinar las crisis que afectarán a Venezuela.
En su reunión anual en Washington, el FMI presentó sus pronósticos de las economías de América Latina y el Caribe; sobre Venezuela indicaron que esperan que la crisis económica «se profundice» con una contracción del 4,5 % del PIB y una inflación de 1.660 % para 2017, además considera que la tasa de desempleo aumentará a 21,4 %. Peor aún, aseguran que si el Presidente de la República, Nicolás Maduro cumple su período constitucional, la inflación en Venezuela alcanzará 3.560 % en 2019.
En este sentido, la economista e investigadora Pasqualina Curcio, opina acerca de una de las mayores distorsiones de la economía venezolana, para ella “la inflación está determinada en un 70% por el valor de la moneda en el mercado ilegal.
Cada vez que varía el tipo de cambio en ese mercado, también varía la inflación. Situación que es histórica y atiende a las condiciones estructurales de la economía: el 35% del producto interno bruto es importado, y quienes importan son pocas empresas que al actuar como monopolios tienen el poder de marcar los precios de los bienes importados”.
A este hecho se le suman una serie de portales web que publican arbitrariamente un supuesto valor de la moneda: “se trata de valores que no se corresponden con el comportamiento de la economía, con los niveles de las reservas internacionales, ni con la cantidad de bolívares, conocida como liquidez monetaria”.
Más bien, este tipo de cambio ilegal “sigue un patrón y atiende a los ciclos políticos y electorales… la manipulación de este tipo de cambio desde agosto de 2012, y hasta la fecha, ha ascendido criminalmente a 14.640 %… los niveles de inflación desproporcionados que están anunciando dan cuenta de la magnitud de la manipulación del tipo de cambio que están profetizando”, asegura Curcio.
Por su parte el economista Luis Salas Rodríguez aporta un dato interesante acerca de la confiabilidad de dichos organismos. Él señala que “pese al trabajo de decenas de economistas formados en las más relucientes universidades del pensamiento ortodoxo neoliberal (Chicago, Harvard, etc.), lo cierto fue que entre 1991 y 2001 la economía mundial enfrentó 134 crisis de diverso tamaño e importancia, de las cuales el FMI predijo solo 15, es decir, apenas un miserable 11%”. Un ejemplo de ello fue la crisis mundial de 2008, la cual ninguna “calificadora” fue capaz de prever.
Para entender un poco mejor el accionar de estos organismos, Salas Rodríguez explica las intenciones monetarias más allá de las políticas. Una mala calificación para unos bonos de deuda “significa que estos bonos deben pagar una tasa mayor a quienes inviertan en ellos, así como Venezuela debe pagar una mayor tasa de interés por el riesgo que significa prestarle plata.
Es una especie de penalización que se le impone. Pero esa penalización, en realidad, más que imponerse como un seguro para el inversionista, se convierte en una prima que es fuente de negocios en sí misma, pues significa que el prestamista cobrará más plata a la hora que le paguen.
Si el caso es que estamos hablando de un país como Venezuela, que tiene recursos y paga religiosamente, es evidente que el propósito de las malas calificaciones es sacarle más plata, tanto por razones especulativas, como para terminar de ahogarla financieramente y por tanto rendirla políticamente, de manera que a la larga no pueda recuperarse y tenga, por ejemplo, que recurrir al expediente de las privatizaciones para pagar la deuda acumulada”.
Es un caso reciente que el Presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino, ha desmentido información emitida por el banco de inversión estadounidense JP Morgan acerca de una supuesta activación de un período de gracia por parte de PDVSA para posponer el pago de los intereses de varios bonos.
En un comunicado de la estatal petrolera venezolana, se informa que los bonos emitidos por la corporación “han sido cancelados de manera puntual al pago de la deuda y rechaza categóricamente las falsas versiones de prensa difundidas respecto a este tema”. “Una vez más las calificadoras de riesgo internacionales y sus títeres nacionales salen a propagar información falsa irresponsablemente”, indicó a través de Twitter, el Ministro Del Pino, quien también denunció un boicot financiero contra la nación.
Así pues, a menos de un mes para la llegada del año nuevo, lo más tangible que se percibe es la instalación de una mesa de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, en la cual se ha acordado trabajar de manera conjunta para combatir toda manera de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana. Y más allá de las altas esferas, lo que clama el ciudadano común es la aplicación de mecanismos efectivos para el control de la inflación desbordada que le ha robado el sueño y la estabilidad a muchos venezolanos.
MCC