Impunidad global para las tropas estadounidenses a punta de intimidación

Impunidad global para las tropas estadounidenses a punta de intimidación / Foto: VTactual

Como se informó durante la semana, una nueva orden ejecutiva firmada por #DonaldTrump autorizó a sancionar económicamente a todos aquellos funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya involucrados directamente con cualquier iniciativa para investigar o acusar a militares estadounidenses de cualquier delito.

Así, la Casa Blanca enciende los motores de su maquinaria de intimidación para tratar de atajar un proceso de la CPI contra todos los miembros de las Fuerzas Armadas que hubieran perpetrado crímenes de lesa humanidad durante su despliegue de 19 años en Afganistán.

Cabe recordar que la intervención militar en el país asiático, iniciada en 2001 por la OTAN y encabezada por EE.UU., ha pasado por varias etapas y justificaciones: desde el derrocamiento del extremista grupo Talibán hasta la lucha antidroga, pero la situación no ha hecho más que agravarse tras dos décadas de injerencia.

No es la primera vez

A principios de marzo, la Corte Penal Internacional inició una línea de investigación después de que en 2017 un examen preliminar realizado por sus fiscales, encabezados por la fiscal jefe, la abogada gambiana Fatou Bensouda, encontró motivos razonables para creer que los efectivos estadounidenses habrían cometido crímenes de guerra en Afganistán, sobre los cuales el tribunal tendría jurisdicción, independientemente, de la nacionalidad de los acusados.

Impunidad global para las tropas estadounidenses a punta de intimidación
La Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Países Bajos / Foto: Cortesía

En aquella ocasión y para procurar que se archivara el caso, Washington revocó el visado de EE.UU. otorgado a Bensouda y, a la par, desarrolló una serie de movimientos diplomáticos para evitar que prosperara el asunto -habida cuenta de que EE.UU. no ha ratificado el Estatuto de Roma, que rige la labor de la CPI-, además de una campaña política contra la Corte.

De hecho, a mediados de mayo de 2020, el secretario de Estado, Mike Pompeo, acusó a la CPI de ser “un órgano político, y no una institución judicial”. En ese momento, defendía los desmanes de su aliado sionista en el Medio Oriente, al alegar que la Fiscalía de la Corte se equivoca “al afirmar su jurisdicción sobre Israel que, como Estados Unidos, no es parte del Estatuto que creó» la institución judicial.

Crímenes estadounidenses

Lo cierto es que la Sala de Primera Instancia de la CPI busca escuchar los argumentos de la Oficina del Fiscal en lo que respecta a centros clandestinos de detención, tortura y tratos crueles, atropello de la dignidad y violencia sexual, entre muchos otros.

La medida anunciada por #DonaldTrump ya ha resultado cuestionada por el responsable diplomático de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, quien expresó su “profunda preocupación” por la decisión; y por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien ha dicho que “hemos tomado nota con preocupación (…) sobre la orden ejecutiva”.

Incluso, la directora de Washington de la ONG Human Rights Watch (HRW), Andrea Prasow, ha resultado más contundente, al resaltar que el supremacista republicano “demuestra desprecio por el Estado de Derecho global”.

FF/VTactual.com

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