InicioINVESTIGACIÓN Y ESPECIALESLuisa Ortega Díaz, capítulo: Un avión que no es de papel

Luisa Ortega Díaz, capítulo: Un avión que no es de papel

Se trata de una aeronave marca King Air 300, Bech Aicraft, que se encontraba bajo la figura de “administración especial” de Luis Ortega Díaz desde el 7 de Mayo de 2014, de acuerdo a un convenio firmado por el Ministerio Público y la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de Venezuela (ONCDOFT), adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz durante la gestión de Miguel Rodríguez Torres .

Antecedentes de la nave

El pasado 9 de abril del año 2014, el Tribunal 1° de Control del estado Miranda, extensión Valles del Tuy, ordenó la incautación de la aeronave debido a una investigación abierta por el Ministerio Público por presunta legitimación de capitales.

El convenio suscrito entre la Fiscalía y el órgano gubernamental, señala que “cuando así lo requiera, la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada o cuando el órgano jurisdiccional le ordene la devolución del bien, esta podrá en cualquier momento y sin previa notificación dar por terminada la administración especial conferida”, según puede leerse en la última cláusula del referido documento.

Tal como lo estableció dicho convenio, el 24 de noviembre de 2015, el tribunal acordó levantar la medida de aseguramiento del avión y que se procediera a suspender las operaciones aéreas a nivel nacional de la aeronave, hasta tanto no se realizara su devolución efectiva a su “real propietario”, la Sociedad Mercantil Delta Sierra 2012, C.A., según se lee en el expediente MP21-P-2013-015903.

Pero la Fiscalía no cedió a la entrega de la aeronave, razón por la cual la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada asumió la gestión de la devolución y envía una comunicación el 21 de marzo del 2017 al Ministerio Público. En dicha comunicación, Randy Rodríguez Espinoza, jefe de la citada Oficina, le cuestiona a Roberto Acosta Garrido, director general contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, si su despacho se oponía a la devolución del avión, y en tal sentido, “se sirva informar si interpuso recurso de apelación en contra de la decisión dictada por el Tribunal 1° de Juicio”.

Fiscalía desacata la orden del tribunal

Ante el silencio de la Fiscalía, el 19 de mayo de 2017, la ONCDOFT realizó entrega formalmente de la aeronave al abogado David Guiñan García, apoderado de la Sociedad Mercantil Inversiones Delta Sierra 2012, C.A., acción que fue rechazada ese mismo día por la directora Contra Drogas del Ministerio Público, Marisela de Abreu Rodríguez, quien “ejerció acto de amparo contra la decisión proferida por la Corte de Apelaciones de Miranda en la cual se acordó la devolución de la aeronave”.

También informó Abreu de Rodríguez que “se procedió a la imputación de los solicitantes del bien por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales”, según quedó plasmado en el oficio el oficio N° DCD-17-0560.

Denuncia por uso indebido de la fiscal

Luego de 2 años de impasse entre la Fiscalía y el tribunal, finalmente la aeronave fue devuelta a sus dueños el pasado 8 de junio, según informó públicamente Abraham Mussa, representante de la empresa Inversiones Delta 2012 C.A.

“Asistimos al cumplimiento de la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; hoy se patentiza la insistencia de los abogados dirigidas al Ministerio Público para que cumpla la orden de entrega de la propiedad de mi representada que insistentemente hemos solicitado. En 2015 hemos dirigido comunicaciones a la Fiscalía”, indicó.

Mussa denunció que este avión ha sido utilizado por Germán Darío Ferrer (esposo de Luis Ortega) y la Fiscal para uso privado, así como por funcionarios ajenos al Ministerio Público, lo que consideró como un “hecho punible” que será evaluado para ejercer las acciones legales correspondientes.

“Las motivaciones que pudo tener la Fiscal para no cumplir un mandamiento judicial exceden de nuestras investigaciones (…) Lo que sí está claro, patente, es que el avión ha sido utilizado por personas extrañas a la Fiscalía porque Germán Darío Ferrer no es funcionario de la Fiscalía. Ha sido utilizado por funcionarios distintos al Ministerio Público lo que constituye un hecho punible”, enfatizó.

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El abogado de la empresa indicó que el costo por uso indebido de esta propiedad, por parte de Luisa Ortega Díaz, durante dos años, oscila entre los 250 mil y 300 mil dólares, por lo cual tomarán las acciones legales pertinentes, según los datos que arrojen las investigaciones sobre este caso.

Uno de los elementos claves para determinar el uso indebido de este avión es la «caja negra», el lugar donde se guardan las rutas aéreas recorridas durante estos tres años por la aeronave. De llevarse a cabo acciones legales por parte de la empresa Inversiones Delta 2012 C.A. contra la Fiscal Luisa Ortega Díaz por el uso particular e indebido de la nave, la caja negra podría arrojar datos importantes sobre los tripulantes, destinos y uso de la misma.

Foto referencial

AMR

 

 

 

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