La lucha por la tierra ha tenido en todo el continente una historia marcada con sangre. En Venezuela el relato de los sectores rurales también viene signado por el sicariato latifundista como arma para borrar los vestigios de organización, de independencia en lo productivo.
En los últimos años, tras la aprobación y puesta en marcha de la Ley de Tierras en 2001 (no olvidemos que fue una de las razones mayores que dio pie al Golpe de Estado de 2002), los casos fueron en ascenso.
Esta historia tiene un punto iniciático con un episodio en particular. En noviembre del año 2001, el máximo representante de Fedenaga (Federación Nacional de Ganaderos) rompía en televisión la Gaceta Oficial que contenía la Ley, y lanzaba una amenaza contra el presidente Hugo Chávez: “Si él quiere plantearle una guerra al sector privado (…) nosotros nos vamos a enfrentar”.
En declaraciones recogidas por el portal 15 y Último este año, Maite García, presidenta de la Asociación de Familiares de las Víctimas del Sicariato, recordaba que además se hizo la convocatoria a que los ganaderos se armaran y así combatir a quienes pretendieran hacer valer el instrumento.
A su padre, el primero en caer por su defensa de la Ley, lo mataron en septiembre del año siguiente, de doce impactos de bala, en su propia casa y delante de una gran cantidad de familiares. En Zulia, estado de procedencia de García, mataron en total a 5 líderes campesinos para entonces.
Sin embargo, el conteo que lleva la asociación comienza con el año 1999, con la llegada de Chávez a Miraflores. Ya para entonces él había enarbolado la bandera zamorana y erigía como fundamental el rescate de la tierra para producción de campesinos, y no su esclavización por parte de terratenientes.
En 2001, a Licinio Lago lo llamaron por su nombre desde un camión. Cinco disparos cerraron el trabajo por el que a los sicarios les pagarían cinco mil bolívares. Esto pasó poco después de que Chávez les entregara un documento certificando unas tierras en las que podría vivir y trabajar. Como a otras 30 familias de la localidad de Caño Caimán, en Zulia.
Ya en febrero habían matado a William Avendaño, tras demostrar que esas tierras no pertenecían a ningún latifundista, sino al Estado venezolano.
La cuenta supera ya los 300 casos, entre los que podemos contar también uno ocurrido también al Sur del Lago, en Zulia: a la esposa de un campesino apodado El Che la mataron delante de su hija. Además, la degollaron. Todo porque no aceptaron chantajes a cambio de terrenos. El Che, aunque contó su historia este año al portal Cultura Nuestra, dice preferir el anonimato.
A Olga Ramírez le quitaron la vida con dos disparos de escopeta. Estaba frente a su casa en La Vega, sector de Socopó, en el estado Barinas. Dos hombres se le acercaron, le dispararon y se fueron. Ramírez perdió la vida por un conflicto con unas tierras en el fundo “El Paraíso”.
El estado Zulia es el de mayor cantidad de asesinatos de este tipo registrados, superando los 40. Entre ellos está también el de José Ramón Pichardo, asesinado en 2012, tras 7 años de pelea por el rescate de los fundos Doña María 1 y 2.
Si bien esta tendencia se ha mantenido en el país, ninguno de estos casos (de los pocos con algún registro en medios nacionales) ha tenido una pegada mediática ni cercana al caso de Franklin Brito. Este murió en 2010, tras someterse a la sexta huelga de hambre, a raíz de un conflicto en el que aseguraba que el Estado venezolano realizó una expropiación no oficial de parte de su terreno.
Las casi 300 hectáreas que poseía en el estado Bolívar habían sido reconocidas como su propiedad por el propio Estado, que en 1999 había otorgado su documento. Al momento de su muerte, se encontraba internado en el Hospital Militar, en Caracas, al que fue enviado tras considerarse comprometida su salud mental, lo que explicaría por qué optó por la medida extrema de la huelga de hambre y la autoflagelación como mecanismos de presión para lograr la satisfacción de una demanda que no tenía asidero en la realidad.
JI