Tribunal Supremo de Justicia venezolano declara inadmisible recurso de nulidad presentado por Fiscal General

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró este miércoles inadmisible la solicitud realizada por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, para impugnar la designación de magistrados principales y suplentes realizada por ese órgano judicial en el año 2015.

A través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Twitter @TSJ_Venezuela se informó que «La Sala Constitucional del Tribunal Supremo se declaró competente para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por Luisa Ortega Díaz, en su carácter de Fiscal General de la República, contra el Acuerdo emanado de la Asamblea Nacional el 23 de diciembre de 2015 (…) recurso que fue declarado inadmisible por haber operado la cosa juzgada».

Recordemos que el pasado mes de diciembre de 2015, antes de que finalizara el período legislativo, fueron designados y juramentados mediante una sesión de la Asamblea Nacional 13 jueces principales y 20 suplentes para cubrir las vacantes del Alto Tribunal, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 264, y los artículos 38 y 40 de la Ley Orgánica del TSJ.

Esta sería la segunda vez que la designación legítima de magistrados ha tratado de ser impugnada. A mediados del año 2016 la directiva opositora de la Asamblea Nacional pretendió dejar sin efecto la designación; sin embargo, la Sala Constitucional del TSJ declaró nulo el informe aprobado el 14 de julio de 2016, mediante la sentencia 614 que ratificó la validez de la sesión.

La sentencia 614 emanada por el TSJ en julio del 2016 declara que «cualquier comisión u otro artificio u acción que tenga el objeto de anular la designación de magistrados y magistradas, subvierte el proceso constitucional para la remoción de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y, por lo tanto, es írrito y nulo de toda nulidad y carente de validez, existencia y eficacia jurídica».

Por último, esta sentencia declara que quienes participen o intenten anular la designación de magistrados, están sujetos a «la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda», según lo establecido en las leyes venezolanas.

AMR

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