La Inspección de Trabajo de España obliga a Amazon a dar a 4.000 falsos contratos de trabajo de autónomos

El Ministerio de Trabajo español anunció una nueva normativa que aclarará los límites en la contratación de trabajadores digitales.

El gigante de la venta al por menor en línea también tendrá que pagar 6,16 millones de euros en contribuciones a la Seguridad Social que no se pagaron mientras el personal estaba prestando servicios de entrega a la multinacional

La Inspección de Trabajo de España ha obligado a Amazon a dar contratos a 4.056 repartidores que el gigante de la venta al por menor online tenía trabajando en Madrid y Barcelona como falsos autónomos, según fuentes familiarizadas con la investigación y del sindicato UGT.

Las autoridades españolas también están exigiendo 6,16 millones de euros para cubrir las cotizaciones a la Seguridad Social que no se pagaron mientras el personal prestaba servicios para la multinacional americana en lo que se conoce comúnmente como la «economía del gigantismo».

Bajo investigación

La lucha contra la utilización por parte de las empresas de trabajadores autónomos para puestos que deben implicar un contrato de trabajo regular y las condiciones correspondientes, se ha convertido en uno de los elementos más importantes de la labor que lleva a cabo la Inspección de Trabajo en los últimos años. Entre las investigaciones más destacadas se encuentran las de los servicios de reparto de alimentos Deliveroo y Glovo, que, al igual que Amazon, han recurrido a este modelo en muchas ciudades españolas.

Réplica

«Estamos en total desacuerdo con la sentencia y presentaremos un recurso», dijo la empresa a El País. «También colaboramos plenamente con la investigación de las autoridades laborales. «Desde Amazon estamos orgullosos de poder ofrecer una amplia variedad de oportunidades en toda España en nuestra red de distribución, incluyendo un pequeño porcentaje de autónomos que colaboran con nosotros entregando paquetes de forma independiente, con la opción y la flexibilidad de hacer las entregas en los plazos que mejor les convengan y así obtener ingresos adicionales».

Amazon España
Los inspectores de Madrid y Barcelona detectaron 3.261 falsos autónomos.

Las investigaciones de la Inspección de Trabajo datan de finales de 2017, y continuaron hasta principios de este año. Se dividen en tres sondas que afectan a dos de las filiales de Amazon: Amazon España Fulfillment y Amazon Road Transport. En el caso de la primera, los inspectores de Madrid y Barcelona detectaron 3.261 falsos autónomos, para los que se están exigiendo 5,16 millones de euros. En el segundo, la investigación se limitó a Barcelona, con 805 trabajadores afectados, y la cantidad exigida fue de poco menos de un millón de euros.

La decisión se produce pocas semanas después de que el Tribunal Supremo español se pronunciara sobre un caso relativo a un repartidor de Glovo, y los jueces decidieron que la empresa «no se limitaba a ofrecer un servicio de intermediación electrónica que consiste en poner en contacto a los consumidores (los clientes) y a los auténticos trabajadores autónomos, sino que realiza tareas de coordinación y organización del servicio productivo». Esta afirmación ha llevado a los abogados a afirmar que esta sentencia va más allá del caso concreto de Glovo.

Casos similares

El sindicato UGT también ha presentado demandas contra Amazon en Valencia, Madrid, Barcelona, Bilbao y Zaragoza. El secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, ha reclamado «el fin del incumplimiento de dicha normativa» y la garantía de que se apliquen los convenios colectivos correspondientes a la actividad de las empresas implicadas.

Con el fin de limitar el uso de trabajadores autónomos por parte de las empresas de esta manera, el Ministerio de Trabajo español ha anunciado una nueva normativa que aclarará los límites entre ambos tipos de trabajadores, en particular cuando se trata de los que trabajan para plataformas digitales.

UGT, sin embargo, ha declarado que considera innecesario dicho marco, argumentando que «la legislación actual es suficiente» para evitar el fraude laboral, y que la nueva normativa «sólo permitiría que las plataformas influyeran en el poder legislativo para conseguir las modificaciones necesarias para consolidar un modelo que carece de derechos laborales y no aporta nada al sistema de Seguridad Social».

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