El golpe contra Rousseff abrió la puerta de la inseguridad jurídica

Brasil cambió y no precisamente para bien. La presidencia interina de Michel Temer, asumida tras un golpe de Estado parlamentario contra Dilma Rousseff, se ha visto fuertemente golpeada por el decrecimiento económico del país, el recorte en la inversión social y las constantes protestas populares ante leyes y medidas arbitrarias en su contra.

Un síntoma de este cambio que perjudica a los más pobres fue la movilización que realizó la Policía Militar el pasado martes en contra de los residentes de la ocupación Colonial, en el barrio São Mateus, al este de la ciudad São Paulo, donde unas 3 mil personas, agrupadas en 700 familias, moraban desde hacía más de un año en humildes viviendas construidas en un terreno abandonado por más de 40 años.

Un contingente de la Policía Militar junto a un camión ballena y vehículos blindados desalojaron a los ocupantes.

Los ocupantes habían sido notificados la semana pasada que serían desalojados, por lo cual se prepararon desde el lunes para resistir. Según medios locales, cuando llegaron los uniformados, los ocupantes solicitaron que se comunicaran con la jueza que ordenó el desalojo para pedirle que se suspendiera la medida hasta que la Justicia procesara un pedido del Ministerio Público de São Paulo que, precisamente, solicita la suspensión hasta que las 700 familias tengan otorgadas viviendas sociales a las cuales dirigirse. La respuesta fue negativa y los funcionarios procedieron.

Al lugar se presentó un numeroso grupo de policías armados y con escudos antimotines, junto a un camión ballena y varios vehículos blindados. Debido a la resistencia de las familias, los policías pasaron a utilizar balas de goma, gases lacrimógenos y bombas de estruendo. Otros reportes indican que también usaron gas pimienta para doblegar la resistencia.

Videos de la organización Jornalistas Livres (Periodistas Libres) muestran cómo los ocupantes tratan de recoger algunas de sus pertenencias y materiales para nuevas construcciones, mientras máquinas topadoras arrasaban con las precarias viviendas.

Los ocupantes perdieron sus viviendas y quedaron literalmente en la calle.

Durante el suceso, el líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) Guilherme Boulos, fue arrestado por la Policía Militar. De acuerdo con el movimiento, el arresto fue arbitrario, ya que Boulos actuó en todo momento con la intención de mediar en el conflicto. «No aceptaremos callados que además de la masacre del pueblo de la ocupación Colonial -los arrojaron a las calles-, todavía quieran arrestar a quien trató de ayudarlos todo el tiempo y de forma pacífica», señala el MTST en un comunicado.

Ante la detención, el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la mandataria constitucional Dilma Rousseff, ambos del Partido de los Trabajadores (PT), mostraron su apoyo al líder social cuando fue detenido y condenaron el hecho.

Una nutrida concentración de personas se mantuvo frente a la 49° Distrito Policial de São Paulo exigiendo la liberación del líder. Ante la delicada situación, la policía decidió no encerrar a Boulos en prisión ni colocarle esposas, mientras esperaba para dar su declaración.

Boulos fue detenido por supuesto desacato mientras intentaba negociar para evitar la destrucción de las viviendas.

La concejal Juliana Cardoso del PT estuvo presente durante el proceso acompañando al coordinador del MTST. “Estábamos negociando para conversar con los oficiales de la justicia cuando seis oficiales de policía detuvieron a Guilherme Boulos. Estamos pasando por un momento muy difícil en Brasil. Estamos cada vez más próximos de un Estado de excepción. Esta fue una detención ilegal, una prisión política”, relató.

A su salida de la comisaría, Boulos aseguró: “Fui acusado por un crimen de resistencia. Quiero decir que para mí la resistencia no es crimen. Crimen es desalojar a 700 personas; la resistencia es una reacción legítima contra barbaridades como esa».

Agregó que nunca existió motivo razonable alguno para su detención, ya que su presencia buscaba fundamentalmente la negociación con las autoridades para evitar un desalojo.

“Se abrió una puerta de inseguridad jurídica en el país. El golpe (contra Dilma Rousseff) es parte de eso y las medidas de criminalización de los movimientos y de sus dirigentes, también”, agregó el dirigente social.

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JA

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