“Río revuelto, ganancia de pescadores” dice un viejo refrán popular y esa es la situación que atraviesa la colonia estadounidense tras el enjambre sísmico que viene padeciendo desde el pasado 28 de enero y que, hasta la fecha, se ha cobrado 1 vida, mantiene a 5 mil personas viviendo en refugios y dejó cuantiosos daños materiales en carreteras y edificios, entre ellos, las escuelas.
De hecho, las actividades escolares se mantienen suspendidas hasta que culmine la inspección de las escuelas por parte de un cuerpo de especialistas contratados por el Departamento de Educación. Sin embargo, el cómo y quiénes están haciendo este trabajo están siendo duramente cuestionados por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores, los gremios educativos y la opinión pública en general.
El colapso de la escuela Agripina Seda: la mecha que encendió el polvorín
Pasadas las 4 de la madrugada del 7 de enero se registró un sismo de 6.4 en la escala de Richter que hizo que la escuela Agripina Seda del municipio de Guánica se derrumbara. La hora en que se presentó el suceso evitó una tragedia que afectaría fatalmente a los 434 estudiantes que hacen vida en la institución.
Apenas 24 horas antes del suceso, el director del Programa de Movimiento Fuerte del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico – ingeniero José Martínez Cruzado – inspeccionó varias estructuras en Guánica y advirtió que este centro de educación media estaba en condiciones críticas y no debía recibir niños y maestros hasta tanto fuera reparada pues corría peligro de un colapso.
Este especialista atribuye lo ocurrido al “sistema de columnas cortas” aplicado en casi la totalidad de las edificaciones escolares de la isla y que es muy común en países del trópico. Añadió que muchas escuelas de Puerto Rico le recuerdan a una que tuvo la oportunidad de ver en Venezuela en julio de 1997, tras el terremoto de Cariaco y en la que murieron 33 estudiantes “Era una escuela muy similar a las que tenemos en Puerto Rico”. Aseguró que durante años se le hicieron advertencias al gobierno de los riesgos que sufren los centros educativos de la isla.
Ante esta situación, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico dictaminó en una rueda de prensa que unas 500 escuelas públicas del país tienen un defecto de construcción conocido como “columna corta” que provoca que la estructura colapse con un terremoto de gran intensidad y que las mismas no deben usarse hasta que el defecto sea corregido.
En río revuelto…
El secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández, admitió públicamente que el 95% de las escuelas del sistema público no cumplen con los códigos de construcción del país (2018), según constataron miembros del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos durante una inspección realizada a los planteles tras el azote de los huracanes Irma y María en 2017.
A pesar de ello, la gobernadora Wanda Vásquez rechazó el argumento del Secretario de Educación y sostuvo que todas las escuelas en la isla fueron diseñadas por arquitectos o ingenieros estructurales y aseguró que el 100% de las escuelas de la isla sería inspeccionado antes de reiniciar las clases.
Entonces la Federación de Maestros de Puerto Rico saltó al ruedo a través de un comunicado de prensa calificando como un “engaño” las inspecciones promovidas por la Gobernación a los centros educativos: «Las inspecciones a las escuelas ordenadas por el Departamento de Educación no persiguen determinar si el plantel resiste un terremoto. Lo que buscan es detectar si la escuela ha recibido algún daño estructural, producto de los recientes temblores. No certifica que la escuela es segura para estudiantes, maestros y demás personal en caso de un sismo fuerte»
Ganancia de pescadores
A la legítima preocupación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico que puso a la disposición del Departamento de Educación los recursos del gremio para inspeccionar las escuelas públicas de la isla, esa agencia contrató a tres empresas locales para un trabajo que tendrá que repetirse tras cada temblor y que supone un gasto de más de un millón de dólares.
Se trata de ROV Engineering Services, E.A.S & Associates y de Benítez, Ramos y Asociados (BRA), empresas que han adquirido múltiples contratos en el actual cuatrienio con varias agencias y municipios de Puerto Rico. Todas ellas «donantes» de las campañas electorales del partido de gobierno PNP. Muy oportuno, pues este año hay elecciones en la isla.
De acuerdo con el registro de donativos de la Oficina del Contralor Electoral (OCE), se desprende que Rodríguez Ortiz – Presidente de ROV – donó $2,000 a la campaña de Ricardo Rosselló Nevares entre el 2015 y el 2016, $250 a la campaña de Thomas Rivera Schatz en el 2015 y otros $200 al alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri.
Por su parte, EAS ha obtenido 54 contratos y enmiendas desde el 2017, con un tope total de $1,201,421.63. Su único donativo, según el registro de la OCE, fue un giro de $552 al senador Rivera Schatz en junio del 2018. BRA ha obtenido 13 contratos y enmiendas desde el comienzo de este cuatrienio y que ascienden a un tope de $850,734.20 y de acuerdo con los datos de la OCE contribuyó $2,000 a la campaña del alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, en el 2018 y otros $500 al Partido Nuevo Progresista (PNP) durante el 2016.
Resumiendo: las tres empresas contratadas – además de pertenecer a financistas del partido de gobierno – también han sido contratadas en varias ocasiones en este período de gobierno acumulando vastas sumas en fondos públicos. Incluyendo los contratos actuales para inspeccionar las escuelas afectadas por los terremotos, entre ROV, EAS y BRA el gobierno ha obligado $4,764,961.83 por los últimos tres años.
Y mientras los involucrados “intercambian favores”, las familias de los 294 mil estudiantes de educación básica y media de la Isla del Encanto enviarán a sus hijos a clases con el alma en un hilo.
Enza García Margarit/VTactual.com
