¿Conocen realmente los diputados chilenos lo que ocurre en Venezuela?

Valparaíso, 12 de julio 2011 (UPI). El ministro de Hacienda Felipe Larraín participó en la votación del las observaciones por parte del ejecutivo en el proyecto de Salario mínimo, el cual fue rechazado por la comisión de hacienda quien no aprobó el reajuste de 5.8 % es decir de 182.000. (UPI/Jonathan Mancilla)

Diputados del Congreso chileno acordaron impulsar la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) contra Venezuela, ante la supuesta ruptura del orden democrático del país.

La medida fue aprobada por la Cámara de Diputados, controlada por la “centro izquierda” y la socialdemocracia, seguidas por la alianza de partidos de derecha. Los parlamentarios indicaron que a través de su representante, Juan Aníbal Barría, buscarán activar los artículos 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana, que suspendería a Venezuela como miembro del organismo.

Igualmente, instaron a la presidenta chilena Michele Bachelet, que por medio del embajador ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Cristián Barros Melet, pedir a su secretario general, Antonio Guterres, “un aumento en la diplomacia en pos de la paz, para prevenir y resolver los conflictos que socavan la democracia en Venezuela”, así como la liberación del diputado suplente venezolano Gilber Caro.

También enviarán un oficio en el que expresan su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, como muestra de solidaridad.

Esta postura resulta ciertamente sospechosa, tanto por el apoyo incondicional que este Congreso presta a la oposición venezolana, como por las acusaciones que realizan contra el Gobierno Nacional al calificarlo de “perseguidor”, así como del Tribunal Supremo de Justica (TSJ), al cual llaman, irónicamente, parcializado.

En el acuerdo expresan su preocupación por la supuesta persecución contra el diputado Caro, pero omiten hechos importantes como su calidad de suplente, por lo cual el fuero de la inmunidad no cala en su persona, tal como lo aclaró la Sala Constitucional del TSJ, en julio de 2016, mucho antes de los sucesos que rodean a Caro. En su pronunciamiento, indica que los suplentes sólo gozan de inmunidad cuando efectivamente suplan las faltas de los principales y con ocasión a las actuaciones desplegadas en ese tiempo.

Tampoco toman en cuenta, que el militante del partido ultraderechista, Voluntad Popular (VP), fue detenido en posesión de un arma de guerra de alto calibre y explosivos C4, pertenecientes a la Fuerza Armada de Venezuela, así como de documentos que evidencian planes terroristas. Esto no debe sorprender: el partido VP fue el principal promotor y ejecutor de los actos terroristas de 2014, conocidos popularmente como guarimbas, en el que murieron 43 personas de forma violenta.

Por último, existe un hecho que los diputados chilenos y numerosos medios de comunicación dejan por lado: el prontuario criminal de Caro, que incluye condenas por 15 y 20 años por los delitos de narcotráfico y homicidio, respectivamente. Fue apenas en 2013 que le fue otorgada la libertad plena y no precisamente por buen comportamiento.

El Vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, indicó recientemente que Caro, durante su paso por las cárceles de Catia, la Planta, Yare y El Rodeo, ejerció el liderazgo negativo de bandas criminales que operan dentro de las cárceles del país. Caro es el responsable político de las redes penitenciarias del partido Voluntad Popular, afirmó el vicepresidente.

«Funge además como un hombre de mucha confianza de la ciudadana Lilian Tintori (esposa de Leopoldo López, político preso también por su responsabilidad en las guarimbas), ejerce funciones de seguridad y custodia de ella y estuvo muy vinculado a los hechos (violentos), a las guarimbas», recalcó el alto funcionario de Estado.

En el caso de las acusaciones contra el TSJ, los diputados chilenos hacen mención a los supuestos procesos “poco democráticos” como la elección de los magistrados que componen el Poder Judicial, en el cual la oposición se negó a participar, a pesar de que podían incidir en el resultado. Al parecer, nunca llegaron a un acuerdo interno, lo que habla de su propia organización.

Otro hecho al que se remiten los parlamentarios es que el TSJ ha anulado a la AN, pero no explican el origen de todo el proceso, el cual se sitúa en la resistencia de la oposición en retirar a tres de sus diputados por estar incursos en hechos irregulares durante su elección, específicamente, con la compra de votos, lo cual es penado por la ley.

La renuencia de los opositores de desincorporar a los asambleístas, así como la toma de atribuciones que no les corresponde, como por ejemplo el más reciente absurdo de declarar “el abandono de cargo” del Presidente venezolano Nicolás Maduro, para impulsar un “impeachment”, proceso que no existe en la jurisprudencia venezolana, han sido los principales alicientes de las tensas relaciones, lo que conllevó al TSJ a declarar en desacato a la AN. En otras palabras, es poner orden a la histeria desatada por la oposición, que prometió resolver los problemas económicos del país una vez que llegara al poder.

Llama la atención que este Congreso chileno se vea tan preocupado por asuntos internos que en nada perjudican los intereses propios de los chilenos, que ya tienen bastantes problemas con el alto costo de la vida, la pobreza y un sistema social excluyente.

Por otro lado, existe un proceso de diálogo, avalado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Iglesia Católica, que busca resolver el conflicto interno entre gobierno y oposición, que lamentablemente no ha querido trabajar con el Presidente Maduro y han buscado, desde el inicio de su mandato, sacarlo del poder por diversas vías.

Y si de verdad quisieran los diputados chilenos actuar tal cual Madre Teresa de Calcuta y ayudar a Latinoamérica, deberían entonces inmiscuirse en la crisis política brasileña, salpicada de extensos casos de corrupción; solidarizarse con los argentinos por la depresión económica que atraviesan y la imputación de figuras opositoras por asuntos políticos por parte del gobierno de Macri; cuestionar las decisiones de la justicia española por cercenar la libertad de prensa; denunciar la desaparición impune de los normalistas mexicanos, así como el asesinato de docenas de periodistas que investigan al narcotráfico y denuncian al gobierno…

En fin, ¿por qué Venezuela y no otros países? Como dicen en este país caribeño: dejan ver las costuras.

JA

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